El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha reunido esta mañana  en Barcelona con su homólogo francés, Bernard Cazeneuve

Ministerio del Interior

Delegación del Gobierno en Cataluña.Barcelona, 30/08/2014

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha reunido esta mañana  en Barcelona con su homólogo francés, Bernard Cazeneuve

 

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Director Ceo Segurpricat Consulting  Consultoria de Seguridad Nacional e internacional para latinoamerica:Formación en Seguridad Operacional internacionalSegurpricat  Consulting considera como prioridad  la protección de los trabajadores expatriados o empleados  de las empresas en sus traslados por motivos de trabajo en Latinoamerica ,  damos una  respuesta  y  solución con  un programa de formación en Seguridad operacional internacional  para el personal de su empresa  que explique como prevenir y actuar  para  minimizarlos ,  cumpliendo la normativa y legislación que obliga a las empresas como responsables de la Seguridad de sus trabajadores(aaa), con nuestras medidas garantizamos a nuestros clientes tener cubierta la responsabilidad civil y penal que le compete por Ley, siendo tan completa como los planes  de Seguridad Laboral.

Elaboramos la documentación necesaria:

1.-El Plan Director de Seguridad o Plan de Seguridad  y autoproteccion operacional  internacional  -PSAOI- se compone de los siguientes planes:

1.1-Plan de de emergència y   autoprotección  http://segurpricat.org/2013/05/24/plan-de-emergencia-y-autoproteccion-internacional/

1.2.-Plan de  evacuación.

1.3.-Plan de continuidad y recuperación del negocio.

1.4.–Protocolos de actuación por desastres naturales.

1.5.-Plan de Vigilancia, Seguridad y autoproteccion operacional internacional –PVSAOI-.

Realizamos la supervisión, seguimiento y control de Plan Director -PSAOI-:

-Gestión de las  incidencias de Seguridad  operacional en el Centro.

-Comunicación y coordinación con el Director del proyecto internacional.

-Preparación de informes,  evaulaciones periodicas respecto a incidentes.

-Nuestros formadores propios instruiran al personal de su empresa que vaya a trabajar en el Centro de Trabajo en Latinoamerica en España y en el Centro de las medidas de  Seguridad y autoprotección que lleva aparejado el Plan Director de Seguridad –PSAOI-  a seguir dentro del  centro Trabajo,  como durante los traslados y estancia en el país de  latinoamericano, en la medida de que cada país es muy diferente referente a  los riesgos  personales  fisicos, facilitandoles un manual de autoprotección con las normas a seguir.

Me llamo Julián Flores respondo al perfil de consultor de Seguridad aquel profesional de la Seguridad privada que contribuye a la minoración de posibles riesgos asociados a la actividad industrial o mercantil de las empresas como una medida de anticipación y prevención apostando por la integración de las distintas seguridades en un concepto de Seguridad integral Corporativa que considera el enorme potencial que ofrece internet nuevas tecnologies TIC,s para los negocios de Seguridad privada , el marketing y la comunicación, compartiendo en mi Blog Corporativo en diferentes blogs sobre seguridad nacional, seguridad internacional , seguridad de los sistemas de información de la empresa TIC como blogger, wordpress , y tumblr las opiniones y noticias que considero màs interesantes, y interacciono con perfiles en redes sociales como herramientas de promoción y distribución de mis propios contenidos.

En la actualidad es Ceo socio Director de Segurpricat consulting -Se- cuya misión y objetivos es la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de Seguridad.

Nuesta empresa ayuda a la toma de decisiones de directivos de las unidades de negocio y gestores funcionales responsables de la seguriad corporativa, compartiendo la responsabilidad sobre las decisiones que se tomen en su empresa: Seguridad nacional Seguridad Internacional Seguridad de sistemas de información y Comunicación TIC,s

Soy Formador con la acreditación de profesor en centros de formación, actualización y adiestramiento del personal de Seguridad Privada recibida por el Ministerio de Interior tanto del Cuerpo Nacional de Policia-CNP- y la Guardia Civil-GC- y formador en cursos In Company de protección y seguridad para personal expatriado y de protección y seguridad contra incendios de instalacciones industriales.

Soy una persona polivalente sobre el eje de los productos de seguridad privada y los servicios a las empresas, me gusta tener distintas actuaciones, empresario, profesional de la consultoria de seguridad, Director de seguridad nacional e interancional , profesor de materias de seguridad, con experiència en sectores diferentes como las relaciones laborales y la administracción de empresas por mi formación universitaria en la Universidad de Barcelona

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y la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona donde curse el Master de Dirección de seguridad privada donde tuve la formación necesaria para obtener la TIP de Director de Seguridad como personal de seguridad habilitado por el Cuerpo Nacional de Policia del Ministerio de Interior por último las ganas de aprender conocedor en temas relacionados con el social media., mi principal actividad consiste en dirigir Segurpricat Consulting Consultoria de seguridad nacional e internacional para empresas.

  • Crees que la mejora de la organización y dirección de los servicios de seguridad integral de tu empresa puede ayudarte en tu negocio .
  • Sientes que inviertes mucho dinero y tiempo sin el resultado que deseas en sistemas de seguridad privada instalados en tu empresa.
  • Necesitas la planificación de una estrategia de analisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección integral frente a todo tipo de riesgos que te ayude a conseguir tus objetivos de mejora negocio
  • Necesitas una auditoria sobre la prestación de los servicios de seguridad, en lo referente a su adecuación sobre gestión de todo tipo de riesgos a la nueva normativa de la ley de seguridad privada .
  • Necesitas orientación sobre el desarrollo y la elaboración de planes de seguridad y autoprotección debido a las obligaciones como usuario de seguridad tienes frente a la Administracción con la nueva ley de seguridad
  • Si estás en alguno de estos puntos…despues de conocerme pues estoy seguro de que nuestra empresa puedo ayudarte.

Mi objetivo como consultor de seguridad nacional e internacional y Director de seguridad habilitado por el Ministerio de Interior es ayudarte con la planificación de la estrategia de seguridad privada de tu empresa, asesorándote en los pasos que deberías seguir para conseguir minimizar los riesgos que se conviertan previsibles con una actitud preventiva

Julian Flores Garcia Ceo Sio Segurpricat

Julian Flores Garcia Ceo Sio Segurpricat
Julian Flores Garcia Ceo Sio Segurpricat

El Departamento de Seguridad de una empresa

El Departamento de Seguridad legalmente y obligatorimente establecido como tal deberá ser único para cada unidad, empresa o grupo empresarial como el conjunto de empresas que forman un Grupo Empresarial o Holding nacional o internacional y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen, comprenderá:- La administración y la organización de los servicios de la empresa o grupo, incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectos y valores de la totalidad de las empresas del grupo.

– El Control del funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y electrónicos, así como el mantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones que generen.

La constitución del Departamento tendrá dos supuestos el de su obligatoriedad legal si reúne las condiciones establecidas en el articulo 96 del Reglamento de Seguridad Privada 2364/1994 y si no reúne dichas condiciones fijadas en dicho articulo podrá ser creado de forma facultativa por la empresa en ambos casos en la dirección de los mismos se encontrará un Director de Seguridad, en el caso de que se requiera la implantación del servicio de vigilantes de seguridad deberá solicitarse.

Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la formación y la actualización de conocimientos de seguridad privada es imprescindible, prueba de ello para conseguir la titulación correspondiente que precede a la habilitación en el Minsiterio de Interior que viene regulado en la Orden INT/318/2011, de 1 de Febrero, sobre personal de seguridad (BOE 42 de 18-02-2011) corrección de errores (BOE núm. 61 de 12-03-2011), se amplio la formación con un mayor número de horas de academicas presenciales debido a la carencia en diversas materias para ejercer como Director de Seguridad adecuando los requerimientos como las exigencias cada vez mayores de conocimientos por las Empresas que son en definitiva quienes nos contratan para el desempeño de nuestras funciones:

Los componentes de nuestra organización, consideramos que los conocimientos necesarios debido a nuestras funciones al frente del Departamento de Seguridad, requieren una mayor formación que la inicial para obtener la habilitación, por ello seguimos realizando formaciòn academica a traves de cursos de actualización cada año en materias de seguridad, la necesidad de realizar estos cursos de reciclaje en formaciòn tambien nos afecta a nosotros como Directores aunque no figure como obligados a realizarlas, nos imponemos realizarlas tanto en centros de formación homologados por el Ministerio de Interior, como en cursos especificos de los Departamento de Criminologia de la Universidad.
También los cursos y ponencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reseñamos que el personal de seguridad a nuestro cargo: vigilantes de seguridad y sus especialidades, guardas particulares del campo y sus especialidades deben realizar cursos de reciclaje obligatorios anuales segùn fija la normativa Orden INT/318/2011.

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Han sido condecorados 11 guardias civiles por su participación en diferentes investigaciones de delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

409fa-escudo_guardiacivil2813c-escudo_ministerioEl Gobierno impone las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 25 agentes por su labor en la protección de Derechos de Propiedad Industrial

El Gobierno impone las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 25 agentes por su labor en la protección de Derechos de Propiedad Industrial
  • El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha recibido una placa que otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas en reconocimiento a los servicios prestados por el Cuerpo
  • Han sido condecorados 11 guardias civiles por su participación en diferentes investigaciones de delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Este reconocimiento de la Comisión Interministerial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pretende premiar la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el fenómeno de las falsificaciones y a favor de los Derechos de Propiedad Industrial

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han presidido el acto de entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 25 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han destacado por su labor en la protección de los Derechos de Propiedad Industrial.

Es la primera vez que altos cargos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Interior otorgan este tipo de condecoraciones. Al acto han asistido el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo; el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el subsecretario del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento; y la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Patricia García-Escudero.

Arsenio Fernández de Mesa ha recibido una placa que otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas en reconocimiento a los servicios prestados por el Cuerpo en esta materia. Asimismo, un total de 11 guardias civiles (1 Comandante, 2 Sargentos, 4 Cabos primeros y 4 guardias civiles) han sido condecorados por su participación en diferentes investigaciones de delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Estas condecoraciones las ha concedido su Majestad el Rey, Gran Maestre de la Orden del Mérito Civil, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en estos agentes de seguridad.

El día 31 de enero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se crea y regula la “Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Industrial”. Dicha Comisión está adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y tiene por objeto promocionar y reforzar la defensa de la Propiedad Industrial e Intelectual y, en especial, luchar contra la falsificación y la piratería. Actúa en coordinación con organizaciones comunitarias e internacionales en este ámbito, debiendo mencionarse de forma especial el Observatorio Europeo de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual que se encuentra actualmente en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante.

Lucha contra las falsificaciones

La falsificación de Derechos de Propiedad Industrial es un problema global cuya preocupante dimensión viene reflejada en las cifras ofrecidas en el Balance anual de 2013 de intervenciones de la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial, presentado el pasado Día Mundial Antifalsificación celebrado el 3 de junio  en Algeciras.

De este informe se desprende que en 2013 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 2.434 hechos y detuvieron o imputaron a 2.155 personas por infracciones penales contra los derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se incautaron 5.094.879 objetos valorados en algo más de 812 millones de euros.

Los juguetes (20,1%), marroquinería/complementos (17,7%), el textil (11,7%) y joyas/relojería (5,0%) fueron los sectores más perjudicados, siendo las fábricas, naves o almacenes los puntos de incautación más habituales. Estos sectores son de gran importancia para la industria y economía española por lo que la falsificación de sus productos produce efectos perniciosos de las falsificaciones en magnitudes macroeconómicas en fase de recuperación económica. En concreto, destrucción de puestos de trabajo; conexiones entre falsificaciones y crimen organizado (mafias, blanqueo de capitales) y empobrecimiento de la economía española.

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Imágenes de la actividad

El Gobierno impone las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 25 agentes por su labor en la protección de Derechos de Propiedad Industrial

CIBERSEGURIDAD. RETOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL CIBERESPACIO


M I N I S T E R I O  D E   D E F E N S A
CUADERNOS   DE ESTRATEGIA
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
INSTITUTO UNIVERSITARIO «GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO»

Por tanto, es primordial que la defensa ante operaciones hostiles en red –desde propaganda, espionaje a ataques a IC– deba jugar un papelen todos los planeamientos de seguridad nacional.

Es más, los estrategasde seguridad nacional deberían permanecer equilibrados y tratar las ciberamenazas con método y objetividad. Primero, deberían evaluar el nivel dedependencia de sus IC respecto de las TI y, en segundo lugar, el nivel deconectividad al ciberespacio.

 

Finalmente, deberían imaginar vívidamente los peores escenarios: si un actor hostil tuviera el control completo de un

sistema crítico ¿cuánto daño podría causar?.
Merece la pena considerarque intentar un ciberataque puede ser más fácil y barato que montar un
ataque físico, aunque el nivel y duración de la interrupción que un ciberata-
que produzca sea proporcionadamente menor (50). Para un futuro predeci-
ble, infligir un daño duradero sobre IC sólo mediante ciberataques es muy
poco probable. Las ICs se diseñaron para poder fallar y ser reiniciadas. Por
tanto, el objetivo no debería ser la perfección, sino una buena gestión de
crisis. Con el tiempo, conforme el control de las IC se desplaza desde redes
dedicadas a Internet, y se emplean protocolos de red comunes sobre los
propietarios, aumentarán las oportunidades de que los atacantes invadan
los sistemas cerrados. A medida que crece nuestra dependencia de las TI
y la conexión al ciberespacio, los gobiernos deberían hacer mayores inver-
siones en seguridad de redes, respuesta a incidentes y formación técnica
para el cumplimiento de la ley. Finalmente, deberían invertir en iniciativas de
colaboración internacional específicamente diseñadas para contrarrestar la
naturaleza transnacional de los ciberataques.
NECESIDAD DE ESTRATEGIAS DE CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD. RETOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL CIBERESPACIO

 

 

La nueva Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI) Julian Flores Segurpricat consulting http://wp.me/p2mVX7-290 @segurpricat

Gobierno presentó al Congreso proyecto de ley para crear agencia nacional de inteligencia

La nueva entidad estatal de inteligencia de Colombia se llamará Agencia Central de Inteligencia (ACI), no sólo se encargará de producir la inteligencia estratégica del Estado, sino que también desempeñará funciones de autoridad migratoria.Bogotá. Ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes fue radicado con el número 189 de 2009 el proyecto de ley que crea la nueva agencia civil de inteligencia del país, que se denominará Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI).Esta nueva entidad no sólo se encargará de producir la inteligencia estratégica y prospectiva y la contrainteligencia de Estado, sino que también desempeñará funciones de autoridad migratoria, como primera línea de defensa del territorio nacional.La iniciativa radicada establece la posibilidad de que en el proceso de reasignación de funciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a otras instituciones, éstas puedan acoger personal especializado del Departamento.El proyecto de ley busca, igualmente, iniciar un revolucionario proceso de racionalización de trámites frente a la expedición del Certificado Judicial, en busca de cambiar el usuario tradicional del mismo y asignar un nuevo responsable que pueda ofrecer este servicio a la comunidad, además de fortalecer aún más la plataforma tecnológica para que se realice de manera exclusiva a través de la Web.
Con la presentación del proyecto de ley se consolida el proceso de creación de una agencia civil de inteligencia del país, que responda tanto a las nuevas amenazas internas como externas y se enmarque dentro de la nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que aprobó el Congreso de la República.

 

“Por la cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, se crea el departamento administrativo denominado Agencia Central de Inteligencia de Colombia -ACI- y se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con el régimen de personal y la creación de un sistema específico de carrera administrativa en la nueva agencia, el cambio de usuarios y titulares del certificado judicial, la reasignación de funciones y competencias de la entidad suprimida a otras ramas del poder público y se dictan otras disposiciones.”

En Colombia las actividades de seguridad
y defensa son facultades
desarrolladas exclusivamente por
el Estado a través de entidades del
orden nacional que desempeñan funciones
especializadas, tendientes a garantizar la protección
de las instituciones y los ciudadanos
ante amenazas de índole interna y externa.
Una de las principales labores del Estado en
materia de seguridad, son las actividades de
inteligencia estratégica, a través de las cuales
se recoge, evalúa y analiza información relevante
para el diseño de acciones encaminadas
a proteger los intereses y la integridad de la
nación. La primera entidad encargada del
servicio de inteligencia estatal en el país,
fue el Servicio de Inteligencia de Colombia
(SIC), creado en 1953 bajo el gobierno del
General Rojas Pinilla, al cual, en 1960, se le
denominó Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). Desde su creación, el DAS
ha sido objeto de importantes
reestructuraciones, en el contexto
del proceso de modernización
estatal implementado
en la década de los ochenta
y el cambio constitucional
de 1991.
A partir de estas reformas, el
DAS adquirió funciones que
desbordan su misión inicial de
inteligencia y contrainteligencia,
desarrollando actividades
como el acompañamiento
táctico a operaciones militares,
el ejercicio de funciones de policía
judicial, enlace con la International Criminal
Police Organization (Interpol), protección de
personas y expedición del certificado judicial,
entre otras. Esta situación ha dificultado la especialización
de la entidad en el cumplimiento
de sus objetivos estratégicos –inteligencia
estratégica y control migratorio– y obligado

 

 

Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI)

La Guardia Civil detiene a 17 personas por el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA

La Guardia Civil detiene a 17 personas por el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA

Dos de los arrestados son menores de edad

Entre los comentarios en las redes sociales llevados a cabo por los detenidos de forma reiterada, hay referencias humillantes a los daños físicos sufridos por víctimas del terrorismo

La operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos

Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Araña”, ha detenido hasta el momento a 17 personas, de las cuales 12 han sido arrestadas en el País Vasco y Navarra; 1 en Castilla y León; 1 en Galicia; 1 en Asturias y 2 en Cataluña. Dos de los detenidos son menores de edad.

Se trata de una operación realizada a nivel nacional contra el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, así como de humillación de las víctimas del terrorismo.
Se han intervenido teléfonos móviles y material portable informático que llevaban los detenidos en el momento de su arresto.
Los comentarios y referencias en las redes sociales llevadas a cabo por los detenidos de forma reiterada, en perfiles públicos y con numerosos seguidores adheridos, son, entre otros, el deseo de que sigan cometiendo atentados por organizaciones terroristas aún activas; alabanzas a atentados ya cometidos; enaltecimiento de terroristas juzgados y condenados; bienvenidas a presos terroristas liberados; deseando actos de terrorismo contra determinadas personas y referencias humillantes a los daños físicos sufridos por víctimas del terrorismo.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

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Aprobado el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que deroga la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y que tiene por objeto aprobar un régimen estatutario de la Guardia Civil actualizado y adaptado a las novedades legislativas para regular la nueva estructura de escalas, en la que la escala superior de oficiales y la de oficiales se integren en una sola.

Segurpricat

Siseguridad.es

2813c-escudo_ministerio3c297-escudo_policianacionalhttp://segurpricat.com.es

 

Aprobado el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil

Ministerio del Interior

Madrid, 21/03/2014

Consejo de Ministros

Se regula la nueva estructura de escalas que pasa de las seis actuales a tres (de oficiales, de suboficiales y de cabos y guardias)

El proyecto reforma el sistema de enseñanza de la Guardia Civil para integrarlo en el sistema educativo español y adaptar la formación de los oficiales a las titulaciones universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia)

Más conciliación de la vida profesional, personal y familiar: Se prevén nuevas medidas de atención a la familia cuando concurran circunstancias excepcionales por motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, cónyuge, hijos o familiares hasta 2º grado consanguinidad

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes el Proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que deroga la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y que tiene por objeto aprobar un régimen estatutario de la Guardia Civil actualizado y adaptado a las novedades legislativas para regular la nueva estructura de escalas, en la que la escala superior de oficiales y la de oficiales se integren en una sola.

De esta manera, se pasa de las seis escalas actuales a tres (de oficiales, de suboficiales y de cabos y guardias), dada la integración de los miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y facultativa técnica en la nueva de oficiales.

Asimismo se suprime el empleo de alférez de la nueva escala de oficiales, cuyos miembros ingresarán en ella como tenientes. Únicamente se mantiene para los alumnos del curso de formación de la Guardia Civil y como empleo transitorio en la actual escala de oficiales hasta que culmine el proceso de integración.

Además, se regula el concepto de “empleo con carácter eventual” para permitir que el guardia civil que vaya a desempeñar un puesto correspondiente a un empleo superior al suyo en organizaciones u organismos internacionales pueda ejercerlo con las atribuciones y divisas correspondientes hasta su cese en el cometido asignado, aunque manteniendo las retribuciones de su empleo efectivo.

Respecto a la plantilla, regirá la aprobada para el periodo 2013-2018, por el Real Decreto 388/2013, de 31 de mayo, y a partir del 30 de junio de 2017, con la constitución de la nueva escala de oficiales, se aprobará una nueva adaptada al proceso de integración de escalas.

En cuanto a la oferta de empleo público, a través de ella, el Consejo de Ministros fijará la provisión anual de plazas para la Guardia Civil, especificando los cupos correspondientes a cada modalidad de acceso y ajustándose a los créditos y a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Modalidades de acceso a la Guardia Civil

El proyecto configura dos modalidades: el acceso directo, para quienes no sean miembros de la Guardia Civil, y la promoción profesional, para los ya integrantes del Instituto que pretendan acceder a otras escalas, bien por promoción interna (desde la escala inmediata inferior) bien por cambio de escala, que ahora se modifica y se potencia.

Una de las novedades se produce en el acceso por cambio de escala, que permite a aquellos miembros de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias que posean alguna titulación universitaria acceder a la nueva escala de oficiales, posibilitando así su promoción en virtud de su formación académica. Así, las distintas formas de ingresar en la Guardia Civil pivotan ahora sobre dos variables: la escala a la que se pretende acceder y la formación universitaria o no de los aspirantes.

a)   En el caso del acceso a la escala de oficiales, es en la que se producen más cambios. Los aspirantes pueden ingresar en ella por las siguientes modalidades:

–   Por acceso directo de aquéllos que no pertenecen a la Guardia Civil y que o bien carecen de titulación universitaria o créditos universitarios previos (en cuyo caso, deberán pasar los dos primeros años en la Academia General Militar de Zaragoza, y el resto de su formación -tres años- en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, donde completarán su formación militar y como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la adquisición del título de grado en ingeniería de la seguridad); o, por el contrario, poseen alguna titulación o los créditos universitarios previos exigidos.

–   Por promoción profesional, a través de una de las dos modalidades siguientes: promoción interna, para los miembros de la escala de suboficiales que tengan cumplidos, al menos, dos años de tiempo de servicios en ella; y cambio de escala, hasta un 30% de las plazas de promoción profesional se podrán reservar a esta modalidad prevista para los miembros de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias que, habiendo cumplido un tiempo mínimo de servicios en el empleo de su escala, tengan la titulación universitaria exigida y superen los cursos de formación.

b) en la escala de suboficiales, se mantiene como única modalidad la promoción interna (para los miembros de la escala de cabos y guardias que lleven, al menos, dos años en ella).

c) en la escala de cabos y guardias, se mantienen el acceso directo y la promoción interna, por concurso-oposición, para el ascenso al empleo de cabo.

Respecto a los sistemas de selección para ingresar en los centros docentes de formación, hay continuidad respecto al modelo establecido en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y se mantienen los sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición libres.

Sistema de enseñanza de la Guardia Civil

El proyecto reforma el sistema de enseñanza de la Guardia Civil para integrarlo en el sistema educativo español y adaptar la formación de los oficiales a las titulaciones universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia).

El nuevo sistema está servido por la estructura docente de la Guardia Civil y por su centro universitario, sujeto a un continuo proceso de evaluación, e incluye tres tipos de enseñanza: de formación, de perfeccionamiento y altos estudios profesionales.

Las principales novedades relativas a la escala de oficiales son las siguientes:

-Todo oficial de la Guardia Civil que acceda a la escala de oficiales como teniente obtendrá directamente, y sin equivalencias, un título de grado tras cursar su periodo de formación en los centros docentes que corresponda, medida con la que se pretende adaptar el perfil profesional de quienes van a ejercer las funciones directivas y asumir mayores responsabilidades.

Hasta ahora, los únicos que obtenían con el primer empleo una titulación de grado universitario eran quienes accedían a la escala superior de oficiales tras superar las pruebas selectivas y finalizar con éxito el periodo de formación correspondiente. Los aspirantes a acceder a la escala facultativa superior debían acreditar previamente estar en posesión de una titulación universitaria oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto, y los de escala facultativa técnica debían ostentar, también previamente, una titulación universitaria oficial de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico de carreras específicas. En el caso de la escala de oficiales, a la que se accedía únicamente por promoción interna, el requisito formativo era poseer el título de bachiller de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, obteniendo por equivalencia el título de diplomado.

-Se reafirma la regulación del centro universitario de la Guardia Civil como centro docente ubicado en la Academia de Oficiales de Aranjuez (Madrid) donde se impartirá la titulación de grado exigida para ser oficial, que tendrá la misma validez y efectos que los grados de cualquier universidad.

-Se prevén también distintos itinerarios formativos para quienes aspiren a ingresar en la escala de oficiales en función de que tengan o no formación universitaria previa (grado, licenciatura, o determinados créditos), así como de la modalidad de acceso, permitiendo optimizar su bagaje universitario.

-En cuanto a la enseñanza para el acceso a las escalas de suboficiales y de cabos y guardias, para ingresar en el centro docente de formación con el objeto de acceder a la de suboficiales, se exigirán las titulaciones requeridas en el sistema educativo español para acceder a los centros en los que se obtiene el título de técnico superior, mientras que para la escala de cabos y guardias se exigirán las titulaciones precisas para acceder a los centros en los que se obtiene el título de técnico.

Carrera profesional

Se potencia la evaluación con distintos fines: la aptitud para el ascenso, la selección de asistentes a cursos específicos y la determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas y/o profesionales.

En materia de ascensos -cuya concesión se supedita a la existencia de vacantes en la escala correspondiente- los nuevos sistemas de ascenso por clasificación y elección sustituyen a los de selección en el primer caso, ampliando, en el caso de los ascensos por elección, el ascenso al empleo de coronel bajo dicho sistema.

El nuevo sistema de clasificación implica que el ascenso se produzca por el orden derivado de un proceso de evaluación, mientras que el ascenso por el sistema de elección permitirá acceder al empleo superior a los más capacitados e idóneos. Se mantiene el sistema de antigüedad sólo para el primer ascenso de la escala de oficiales, de la escala de suboficiales y para el ascenso a cabo primero.

Constituye una importante novedad la ampliación hasta tres del número máximo de oportunidades que se permiten para renunciar a una evaluación para el ascenso o a un curso de capacitación sin que ello implique una renuncia definitiva, favoreciendo así la conciliación de la vida personal y laboral (antes la primera renuncia tenía un carácter definitivo en ambos  casos).

Provisión de puestos de trabajo

En materia de destinos, se garantiza la igualdad efectiva entre hombres y mujeres para los casos de guardias civiles embarazadas y de quienes sean víctimas de violencia de género, cuyo nuevo destino podrá ser otorgado sin el requisito de publicación en los medios oficiales para asegurar su protección y asistencia social, medida también prevista para los guardias civiles que sean víctimas del terrorismo.

Por otra parte, se otorga una especial regulación a la atención de la familia, de manera que aquellas circunstancias excepcionales de atención familiar basadas en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, su cónyuge, hijos o familiares hasta segundo grado de consanguinidad puedan ser valoradas en la concesión de comisiones de servicio siempre que no se supere el periodo máximo de un año, y además, la concurrencia de las mismas circunstancias permitirá la adscripción temporal a otro puesto de trabajo, por un plazo máximo de cuatro años, para atender a dichas circunstancias excepcionales.

Situaciones administrativas

Como novedad, se introduce la “condición de guardia civil en suspenso” para el pase a las situaciones de servicios especiales o de excedencia. No estarán sujetos al régimen general de derechos y deberes ni al régimen disciplinario de la Guardia Civil, ni al Código Penal Militar.

Cese en la relación de servicios profesionales

Se introduce el criterio de “resarcimiento de coste” con el fin de exigir una contraprestación económica al guardia civil o, en su caso, al alumno que abandone de forma voluntaria la institución o el centro docente tras haber sido preparado para el ejercicio de las funciones propias de la Guardia Civil. La renuncia con anterioridad llevará aparejada la obligación de resarcir económicamente al Estado por la formación recibida.

Además, se establece la “no aceptación” de la renuncia a la condición de guardia civil cuando se esté sujeto a un procedimiento disciplinario o haya sido dictado en contra de él un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

Proceso de integración de escalas

Se prevé la integración de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y facultativa técnica en la nueva escala de oficiales, que se constituirá el 1 de julio de 2017, a través de los siguientes procesos:

  • Proceso voluntario: Sólo es obligatorio para los miembros de la escala superior de oficiales. Los demás pueden optar por no integrarse y permanecer en sus escalas de origen, que se declararán a extinguir el 1 de julio de 2017.
  • Proceso progresivo: La integración se hará con distintos plazos e intensidad según la escala y el empleo de origen, siendo automática sólo para los miembros de la escala superior de oficiales, que se incorporarán a ella el 1 de julio de 2017, según su empleo y antigüedad.
  • Con un impacto económico amortiguado: el uso de fórmulas proporcionales relacionadas con el número de efectivos de cada escala permitirá redistribuir los efectivos de las cuatro escalas a integrar, permitiendo diseñar una plantilla y unas ofertas de empleo público adaptadas al proceso.

Las principales fechas del proceso de integración son los siguientes:

  • El 31 de enero de 2016 deberá aprobarse la orden ministerial con las bases reguladoras de los cursos de complemento de formación.
  • El 31 de marzo de 2016 es la fecha límite para quienes deseen renunciar a la integración.
  • El 30 de abril de 2016 se aprobará la convocatoria de los cursos de complemento de formación, de forma que en el curso escolar 2016-2017 se celebran los primeros cursos de este tipo.
  • El 30 de junio de 2017 finaliza el sistema de ascensos de la Ley 42/1999, de 19 de noviembre.
  • El 1 de julio de 2017 se constituirá la nueva escala de oficiales y se producirá la primera tanda del proceso de integración.
  • En el curso escolar 2017-2018 tendrán lugar los segundos cursos de complemento de formación, de manera que el 1 de julio de 2018 se produzca la segunda tanda del proceso de integración; en el curso escolar 2018-2019 tendrán lugar los terceros cursos de complemento de formación, de manera que el 1 de julio de 2019 se produzca la tercera tanda del proceso de integración, y así sucesivamente cada año, siguiendo idéntico proceso.

El número de oficiales afectados por el proceso de integración se estima en unos 3.100, de los que aproximadamente el 40% se verían afectados en la primera tanda del curso de complemento de formación que deban realizar el curso escolar 2016-2017. Estas cifras se verán afectadas por el ejercicio o no de la opción de integración en función de las edades, perspectivas profesionales, etc., dada la voluntariedad del proceso.

Finalmente, se estima un coste teórico de 1.163.744 euros en 2017. El texto del Proyecto de Ley ha recibido los informes favorables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

documentos

Valoración de la situación de seguridad en la República Centroafricana donde Francia interviene en la República Centroafricana apoyando a la fuerza africana, de acuerdo a la Resolución 2127 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siendo apoyada por unidades del ejercito español por mandato del Congreso atendiendo a los acuerdos de cooperación militar entre ambos paises.

Situación en la República Centroafricana [ fr ]

Francia interviene en la República Centroafricana apoyando a la fuerza africana, de acuerdo a la Resolución 2127 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta página se recopilan elementos contextuales y noticias acerca de la situación del país, que está sufriendo una grave desestabilización política y una crisis humanitaria y de seguridad de gran envergadura.

Situación en la República Centroafricana (1/2)

1- Declaraciones del portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores y Desorrollo Internacional – Protección de todas las comunidades (París, 8 de abril de 2014)

En la rueda de prensa de hoy, el portavoz hizo la siguiente declaración y contestó a las siguientes preguntas:

Francia apoya la protección de todas las poblaciones en República Centroafricana, incluyendo por supuesto a las poblaciones musulmanas que son objeto de amenazas y de ataques intolerables. La protección de las poblaciones constituye el centro de la acción de Francia y una parte integrante del mandato de la operación Sangaris, que apoya a la MISCA.
Francia considera que el desplazamiento de las poblaciones debe de ser un último recurso. Sin embargo, contribuye a facilitar evacuaciones puntuales, de acuerdo con las poblaciones concernidas, especialmente en aquellos casos en los que no se pueda garantizar su seguridad y su acceso a la ayuda humanitaria. Desde diciembre de 2013, Sangaris ha contribuido a la protección y a la evacuación de las poblaciones musulmanas en situación de peligro inminente poniendo a disposición medios aéreos.
En colaboración con las autoridades de transición centroafricanas, las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y el conjunto de los actores concernidos, nuestra embajada en República Centroafricana procede a una evaluación de la situación de las diferentes localizaciones musulmanas, especialmente en el norte de Bangui. Estamos a favor de la relocalización de las personas que así lo deseen.

P – ¿Comparte el análisis de Human Rights Watch y de otras ONG sobre el riesgo de limpieza étnica?
R – Compartimos las preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales sobre la situación de las poblaciones musulmanas. El pasado verano Francia ya alertó a la comunidad internacional de los riesgos de violencias entre comunidades. Este es también el sentido del grito de alarma del Presidente de la República en el transcurso de la última asamblea general de las Naciones Unidas.
Francia está movilizada en apoyo de las tropas africanas de la MISCA para proteger a las poblaciones civiles centroafricanas, sin distinción de religión, de acuerdo con el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
P – ¿La relocalización de las poblaciones tendrá lugar en el interior o en el exterior de la República Centroafricana?
R – Solo puede tratarse de operaciones desplegadas como último recursos, cuando dichas poblaciones así lo deseen y expresen porque se sienten amenazadas o porque no les llega la ayuda humanitaria.
Los lugares y las modalidades prácticas de las eventuales evacuaciones, principalmente en el interior del país, se determinarán en concertación con el conjunto de los actores concernidos: las poblaciones civiles, nuestros socios africanos, Naciones Unidas y los actores humanitarios en el terreno.
P -¿Estas operaciones de evacuación no van a promover la limpieza étnica?
R – Estas acciones, de último recurso, tienen el objetivo prioritario de la comunidad internacional: proteger a las comunidades. Lo urgente es salvar vidas. Ese es el empeño diario de las fuerzas africanas y francesas desplegadas en el terreno.

2- Rueda de prensa conjunta de François Hollande y de Catherine Samba Panza, Jefa del Estado de la transición en República Centroafricana (París, 1 de abril de 2014)

“Señoras, Señores, esta tarde he recibido a la presidenta de la República Centroafricana, habiéndome recibido ella misma en su día hace exactamente un mes.

La situación en la República Centroafricana ha mejorado en unos puntos, pero también se ha deteriorado en otros. Lo que ha progresado ha sido el restablecimiento de las autoridades de la transición y de los servicios públicos más importantes –las escuelas, el hospital, la cárcel- para que la República Centroafricana pueda retomar una actividad económica y para que la población vuelva a recuperar la confianza.

En cambio, lo que se ha degradado ha sido la situación de seguridad en determinados lugares. Incluso en Bangui sigue existiendo una voluntad de grupos hostiles al proceso de pacificación, de la reconciliación. Enfrentan a una parte de la población con otra. Y es fácil ver que los musulmanes son un blanco directo.

Las fuerzas francesas, a través de la operación SANGARIS, hacen todo lo posible por generar seguridad en la República Centroafricana y luchar contra estos grupos que utilizan armas –armas modernas, por cierto- para cuestionar el Estado Centroafricano.

Dentro de poco se desplegará la operación europea. Mañana, la presidenta se encontrará en Bruselas –yo también estaré- con motivo de la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Habrá una reunión específica sobre la República Centroafricana. Yo le daré todo mi apoyo.

En dicha reunión se definirán los contingentes que conformarán la operación europea de la que Francia había manifestado su deseo y que finalmente se va a llevar a cabo. También se podrá aportar ayudas humanitarias, ya sea directamente por Europa, o por los Estados que no puedan proporcionar necesariamente, en el ámbito de la seguridad, lo que cabría esperar de ellos.

Asimismo, debemos felicitar a las autoridades de transición. Es algo que hago aquí mismo con motivo de esta visita. Hace falta valor para asumir la responsabilidad de un país inmerso en el caos y que ha conocido enfrentamientos sangrientos. Hace falta valor para querer restaurar la autoridad de un Estado que se ha derrumbado. Hace falta valor para conseguir que unas poblaciones que hasta ahora vivían en paz no recaigan en los enfrentamientos sangrientos. Hace falta valor porque la impopularidad siempre está presente cuando uno mismo asume la responsabilidad de un país en esa situación. Tenga bien presente que Francia estará a su lado.

Para aquellos franceses que se preguntan, que quieren saber –sigue habiéndolos- ¿qué hacemos en la República Centroafricana? Pueden ser testigos ustedes mismos: impedimos que se cometan masacres, permitimos que un país salga de esta situación de drama y de caos. También impedimos que unos enfrentamientos religiosos puedan degenerar en terrorismo, pues ese riesgo existe.

Que sepan los musulmanes que si las fuerzas francesas están presentes en la República Centroafricana a través de SANGARIS, es para protegerles. Que sepan los centroafricanos que somos imparciales, que sencillamente estamos del lado de los centroafricanos. Los franceses han conseguido que se monte una operación europea, además de la operación africana. Quiero felicitar todo cuanto han hecho los países de la Unión Africana, tanto en lo que se refiere al ámbito militar como al ámbito financiero. Así es como se puede pagar a los funcionarios en la República Centroafricana.

Más allá de las fuerzas europeas, más allá de las fuerzas africanas, aseguramos una operación de mantenimiento de la paz. En esta situación ha habido mejoras, pero también retrocesos. Debemos aguantar por los objetivos que nos hemos fijado con respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento de la seguridad y a la organización de la operación europea de mantenimiento de la paz bajo la autoridad de las Naciones Unidas.

Sra. Presidenta, estamos a su lado”.

(Declaraciones de François Hollande realizadas el 1 de abril de 2014)

#Rueda de prensa conjunta de François Hollande y de Catherine Samba Panza, Jefa del Estado de la transición en República Centroafricana (París, 1 de abril de 2014)

“Señoras, Señores, esta tarde he recibido a la presidenta de la República Centroafricana, habiéndome recibido ella misma en su día hace exactamente un mes.

La situación en la República Centroafricana ha mejorado en unos puntos, pero también se ha deteriorado en otros. Lo que ha progresado ha sido el restablecimiento de las autoridades de la transición y de los servicios públicos más importantes –las escuelas, el hospital, la cárcel- para que la República Centroafricana pueda retomar una actividad económica y para que la población vuelva a recuperar la confianza.

En cambio, lo que se ha degradado ha sido la situación de seguridad en determinados lugares. Incluso en Bangui sigue existiendo una voluntad de grupos hostiles al proceso de pacificación, de la reconciliación. Enfrentan a una parte de la población con otra. Y es fácil ver que los musulmanes son un blanco directo.

Las fuerzas francesas, a través de la operación SANGARIS, hacen todo lo posible por generar seguridad en la República Centroafricana y luchar contra estos grupos que utilizan armas –armas modernas, por cierto- para cuestionar el Estado Centroafricano.

Dentro de poco se desplegará la operación europea. Mañana, la presidenta se encontrará en Bruselas –yo también estaré- con motivo de la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Habrá una reunión específica sobre la República Centroafricana. Yo le daré todo mi apoyo.

En dicha reunión se definirán los contingentes que conformarán la operación europea de la que Francia había manifestado su deseo y que finalmente se va a llevar a cabo. También se podrá aportar ayudas humanitarias, ya sea directamente por Europa, o por los Estados que no puedan proporcionar necesariamente, en el ámbito de la seguridad, lo que cabría esperar de ellos.

Asimismo, debemos felicitar a las autoridades de transición. Es algo que hago aquí mismo con motivo de esta visita. Hace falta valor para asumir la responsabilidad de un país inmerso en el caos y que ha conocido enfrentamientos sangrientos. Hace falta valor para querer restaurar la autoridad de un Estado que se ha derrumbado. Hace falta valor para conseguir que unas poblaciones que hasta ahora vivían en paz no recaigan en los enfrentamientos sangrientos. Hace falta valor porque la impopularidad siempre está presente cuando uno mismo asume la responsabilidad de un país en esa situación. Tenga bien presente que Francia estará a su lado.

Para aquellos franceses que se preguntan, que quieren saber –sigue habiéndolos- ¿qué hacemos en la República Centroafricana? Pueden ser testigos ustedes mismos: impedimos que se cometan masacres, permitimos que un país salga de esta situación de drama y de caos. También impedimos que unos enfrentamientos religiosos puedan degenerar en terrorismo, pues ese riesgo existe.

Que sepan los musulmanes que si las fuerzas francesas están presentes en la República Centroafricana a través de SANGARIS, es para protegerles. Que sepan los centroafricanos que somos imparciales, que sencillamente estamos del lado de los centroafricanos. Los franceses han conseguido que se monte una operación europea, además de la operación africana. Quiero felicitar todo cuanto han hecho los países de la Unión Africana, tanto en lo que se refiere al ámbito militar como al ámbito financiero. Así es como se puede pagar a los funcionarios en la República Centroafricana.

Más allá de las fuerzas europeas, más allá de las fuerzas africanas, aseguramos una operación de mantenimiento de la paz. En esta situación ha habido mejoras, pero también retrocesos. Debemos aguantar por los objetivos que nos hemos fijado con respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento de la seguridad y a la organización de la operación europea de mantenimiento de la paz bajo la autoridad de las Naciones Unidas.

Sra. Presidenta, estamos a su lado.”

(Declaraciones de François Hollande realizadas el 1 de abril de 2014)

3- Comunicado de prensa : el Congreso español autoriza la participación en la misión de la UE en la República Centroafricana (Madrid, 20 de marzo de 2014)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado, con 288 votos a favor y 14 en contra, autorizar al Gobierno el despliegue y participación de las Fuerzas Armadas en la misión de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUFOR RCA).

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, solicitó ayer, miércoles, esta autorización, prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, para enviar hasta un máximo de 50 efectivos militares en la operación de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUFOR RCA).

Asimismo, se autoriza la participación de una Sección de la Guardia Civil, hasta un máximo de 25 efectivos, como contribución española a la Fuerza de Gendarmería Europea, dentro de esta operación militar.

También se prevé la participación del personal necesario para contribuir a los Cuarteles Generales de la Operación, tanto en el Cuartel General Operacional de Larisa (Grecia) como en el Cuartel General de la Fuerza que se despliegue.

Los gastos derivados de la participación española en estas operaciones se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria “Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz” del Ministerio de Defensa.

Congreso de los diputados

4- Balance del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (Bruselas, 17 de marzo de 2014)

Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores, participó ayer en Bruselas en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Las discusiones giraron principalmente en torno al tema de Ucrania y de República centroafricana.

- Ucrania (…)
- República centroafricana: el Ministro Laurent Fabius llamó a los Estados miembros a acelerar su compromiso para permitir que se ponga rápidamente en marcha la operación EUFOR-RCA, en apego a los compromisos de la Unión Europea y al llamamiento del Secretario General de Naciones Unidas. El Consejo se comprometió asimismo a restablecer la seguridad y el diálogo entre las distintas religiones, así como a preparar las próximas elecciones.

5- Declaración conjunta de Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores, y de Jean-Yves Le Drian, Ministro de Defensa (París, 14 de marzo de 2014)

La Unión Europea se había comprometido, el 10 de febrero, en desplegar una operación militar como apoyo a los esfuerzos internacionales para estabilizar la República Centroafricana.

Al día de hoy, a pesar de las contribuciones anunciadas por algunos Estados, constatamos que no todos lo han hecho. Si un esfuerzo adicional no se concretiza muy rápidamente, no se podrá lanzar esta operación indispensable la próxima semana, tal y como estaba previsto.

La Unión Europea deba asumir sus responsabilidades en materia de seguridad internacional. Francia llama con mucho fervor a sus socios a que se den los medios para conseguirlo.

6- Declaraciones del portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores (París, 12 de enero de 2014)

El arzobispo y el imán de Banguí se reunieron con los Ministros Le Drian y Canfin, antes de entrevistarse ayer por la tarde con el Ministro Fabius. ¿Se discutió acerca de algún temor de que haya una nueva escalada de violencia entre las milicias anti Balaka-Seleka, así como del llamado de un grupo de jóvenes musulmanes de Banguí a Boko Haram y a Al Qaeda para salvar a los musulmanes de África central?

Durante sus entrevistas con el arzobispo y el imán de Banguí, Laurent Fabius y Pascal Canfin discutieron la reciente evolución en el terreno, la situación humanitaria así como la perspectiva de la puesta en marcha de una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.

El Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro encargado de desarrollo expresaron en particular su apoyo a la acción irreemplazable de las autoridades religiosas centroafricanas en favor del diálogo, de la tolerancia y de la reconciliación.

Asimismo, alentaron a Monseñor Nzapalainga y al imán Kobine a continuar sus esfuerzos, conjuntamente con el pastor Nicolas Guérékoyamé-Gbangou.

7- Entrevista de Laurent Fabius con su homólogo centroafricano, Toussaint Kongo Doudou (París, 11 de marzo de 2014)

El Ministro Laurent Fabius se entrevistó esta mañana con el señor Toussaint Kongo-Doudou, Ministro centroafricano de Asuntos Exteriores, de la integración africana y la Francofonía.

Con tal motivo, ambos Ministros hicieron un repaso de la situación que prevalece en República centroafricana y de los principales objetivos comunes que permitirán salir de la crisis:

  • La importancia de llevar a buen término el proceso de transición hasta las elecciones que deberán realizarse de aquí a febrero de 2015
  • la ampliación del despliegue de las fuerzas africanas de la MISCA en territorio centroafricano, a las que apoya la operación SANGARIS, así como de los esfuerzos de protección de toda la población centroafricana, en particular, de las comunidades musulmanas.
  • La necesidad de que las autoridades centroafricanas de transición se comprometan plenamente en favor de una verdadera reconciliación nacional y de la protección de los Derechos Humanos. El señor Laurent Fabius reiteró la importancia de la lucha contra la impunidad, con la finalidad de enviar una señal fuerte a quienes mandan y a quienes cometen exacciones.
  • El apoyo a la reconstrucción del Estado centroafricano, la cual es esencial para permitir que las autoridades de transición garanticen los principales servicios, en particular, los sociales, a una población gravemente afectada por la crisis.

Durante esta entrevista, el Ministro Fabius reiteró su deseo de que se despliegue rápidamente en República centroafricana una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con la finalidad de consolidar los resultados obtenidos por la MISCA y tomar en cuenta los aspectos civiles para salir de la crisis.

8- Entrevista a Pascal Canfin, ministro delegado encargado de Desarrollo, en «Radio Classique/LCI» – extractos (París, a 28 de febrero de 2014)

P – La actualidad inmediata es la visita de François Hollande a Bangui. Como ministro de Desarrollo, ¿considera esta visita muy importante?

R – Es una visita importante. Nuestra estrategia en la República Centroafricana tiene tres pilares: primer pilar, garantizar la seguridad junto a las fuerzas africanas; segundo pilar, restaurar la democracia. Hoy hay un nuevo poder, una nueva presidenta en la RCA, con la que mantenemos una muy buena relación y trabajamos para que se celebren elecciones hacia principios de 2015. Y el tercer pilar es el desarrollo, porque hoy se producen más muertes – son las organizaciones no gubernamentales las que lo dicen – por falta de asistencia sanitaria, por falta de hospitales, de enfermeras, que a raíz de la violencia entre confesiones.

P – ¿Están de forma concreta en la República Centroafricana?

R – Eso es. Por ello, naturalmente, hemos retomado la ayuda pública en materia de sanidad y de educación. Hoy, en la República Centroafricana, hay 2 millones de personas cuya salud está en grave riesgo, de personas que tienen un problema de desnutrición. Lo que hacemos es acompañar a los campesinos para que siembren, puesto que en unas semanas llegará la estación lluviosa. Si se nos pasa el momento, cuando acabe la estación húmeda– alrededor de septiembre-octubre -, nos arriesgamos a que en Centroáfrica se produzca una hambruna – y mido mis palabras. Estamos totalmente movilizados, Francia, la Unión Europea, el mundo entero, junto al Banco Mundial, con el conjunto de proveedores de fondos, para aportar el dinero necesario para que no se produzca esta catástrofe humanitaria en la RCA.

P – ¿No teme que acabemos en un atolladero? ¿No ha subestimado el Gobierno la dificultad de la tarea?

R – ¿Cuándo se inició la intervención?

P – En diciembre.

R – Fue en diciembre. Estamos en febrero. Ya sé que 2 meses y medio en la era de Twitter es un plazo muy largo, pero 2 meses y medio para una operación militar de restablecimiento de la paz en un país que estaba al borde de la guerra civil…

P – Con tan sólo 2000 hombres franceses y 5000 soldados africanos. En total, 7000 personas para evitar una guerra civil… Es cierto que no son muchos.

R – Pero el prisma consiste en que no se habla más que de los soldados franceses. Pero la realidad – lo que nos honra – es que estamos dentro de un dispositivo internacional que apoya a las tropas africanas, y es lo fundamental de nuestra doctrina. La época en la que Francia intervenía sola diciendo: «Voy a poner a Fulano en lugar de Mengano», aquella época se acabó, pasó, no es en absoluto la doctrina de Francia ni de François Hollande. Estoy orgulloso de ello, puesto que como ministro de Desarrollo también encarno esta nueva relación con África en nuestra política de solidaridad internacional. Queda lejos la época en la que Claude Guéant en el Elíseo, en «la unidad África» del Elíseo, podía hacer lo que quería.

P – ¿Su palabra clave es “transparencia”?

R – Mi palabra clave es “transparencia”. Porque sí que se han producido abusos en el pasado y hoy estamos escribiendo una nueva etapa, una nueva página, con la primera ley – que se aprobó en primera lectura hace unos días en la Asamblea Nacional – la primera ley de toda la historia de la República que aporta transparencia a lo que era la política africana de Francia. (…)./.

9- Extractos de la intervención de Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores, en el Senado (París, 25 de febrero de 2014)

La intervención tuvo lugar durante el debate en las dos cámaras del parlamento, debate que concluyó con un respaldo muy amplio a la prosecución de la intervención de Francia en la RCA.

El 5 de diciembre, el Presidente de la República decidió enviar a nuestros soldados a la República Centroafricana para evitar que ese país se sumiera en el caos. El país era presa de violencia generalizada y de una deriva confesional – y la palabra es floja. Los Seleka, milicias marcadamente musulmanas que depusieron al ex presidente Bozizé multiplicaban los abusos y los saqueos. Los anti-Balaka, reclutados fundamentalmente entre la población cristiana, empezaban a tomarla con los civiles musulmanes con un espíritu de venganza y por motivos abyectos.

La operación Sangaris, bajo mandato de la ONU y en apoyo de las fuerzas de la Unión Africana, perseguía dos objetivos: restablecer la seguridad y favorecer el auge de la Misca. Respondía a una situación de emergencia. En la RCA no había ya ni Ejército, ni policía, ni justicia. A la cabeza de un Estado fallido, el equipo de transición había perdido todo control de la situación y la víspera misma de nuestra intervención, las masacres se habían cobrado 1000 vidas en Bangui, la capital.

Francia ya advirtió a la comunidad internacional en septiembre de 2013, a través del Presidente de la República en la tribuna de Naciones Unidas. En vano. […]

Se han evitado masacres porque hemos actuado. Todos los días se salvan vidas. La RCA tiene una oportunidad de volver a tomar las riendas de su destino.

Hemos sabido reunir a nuestros socios. La Misca, que ha pasado de 2500 a 6000 hombres, actúa de manera coordinada con la operación Sangaris. La Unión Europea da un apoyo financiero de 50 millones, y ha decidido enviar tropas: las primeras deberían llegar los próximos días. Según la Sra. Ashton, esta fuerza europea contará con hasta 1000 hombres. Pero todavía tienen que estar allí… Su misión consistirá en proteger el aeropuerto y algunos barrios de Bangui y permitir a la Misca que siga desplegándose por el país. […]

La ONU debe hacer más y más rápido; tal es el deseo de su secretario general: coordinar la ayuda humanitaria, preparar el desarme y la reinserción de los combatientes, ayudar al Gobierno centroafricano a preparar las elecciones, luchar contra la impunidad gracias a una comisión de investigación internacional. La preparación de la operación de mantenimiento de la paz debe acelerarse. […]

Gracias a nuestra intervención, la violencia en Bangui se circunscribe ya a algunos barrios; se ha desarmado y acantonado a la mayoría de los combatientes Seleka. Pero sí que prosigue en el oeste. Nuestras fuerzas hacen un máximo para proteger a la población, con una imparcialidad total. También velamos porque el este no se desprende del resto del país por la reagrupación de ex Selekas. Chad y Camerún, que han demostrado su solidaridad acogiendo a un gran número de refugiados, deben poder contar con el apoyo de la comunidad internacional.

La situación humanitaria es crítica: uno de cada dos habitantes necesita asistencia sanitaria, uno de cada cinco por lo menos ayuda alimentaria. Las ONG tienen actividad en el terreno.

La presidenta de transición, la Sra. Samba-Panza, es una mujer admirable, la primera que dirige un país del África francófona; ha sabido crear una dinámica. Le reitero el apoyo de Francia […].

10- Comunicado de la Presidencia de la República (París, 14 de febrero de 2014)

El presidente de la República ha convocado el 14 de febrero de 2014 un Consejo restringido de Defensa.

El Consejo ha recordado los objetivos de la operación militar Sangaris: contribuir, junto a la fuerza africana MISCA, a detener las masacres, prevenir los crímenes de guerra, restablecer la seguridad de la población. Se luchará contra todos los enemigos de la paz. No habrá impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes.

El Consejo ha tenido en cuenta el llamamiento a la movilización de la comunidad internacional del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, así como la decisión de la Unión Europea de lanzar una operación militar en la República Centroafricana.

El presidente de la República ha decidido responder a él incrementando hasta los 2000 los efectivos militares franceses desplegados en el país. Este nuevo esfuerzo de 400 hombres incluye el despliegue anticipado de fuerzas de combate y gendarmes franceses que participarán después en la operación militar de la Unión Europea en cuanto se despliegue.

Francia llama a la comunidad internacional a una mayor solidaridad con la República Centroafricana. Solicita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que acelere el despliegue de una operación de mantenimiento de la paz. Llama a la Unión Europea a acelerar el despliegue de la misión EUFOR, incluida la Fuerza de Gendarmería Europea. Celebra la movilización de los participantes africanos en la MISCA y desea que se dé un mayor apoyo a la misión africana para permitir que tengamos una mayor movilidad.

Francia también llama a la comunidad internacional a actuar frente a la situación de emergencia humanitaria en la RCA. Se trata de un imperioso deber de solidaridad./.

11- Rueda de prensa conjunta de Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores, y su homólogo danés – Palabras de L. Fabius (París, 14 de febrero de 2014)

P – Para la República Centroafricana, donde la situación es bastante alarmante, Ban Ki Moon ha reclamado más tropas, en particular a Francia. Varias ONG se han alarmado por el éxodo masivo de los musulmanes y las masacres que afectan a los niños. Esta mañana se ha reunido un Consejo restringido de Defensa y el Sr. Deby está en París. ¿Se está produciendo alguna evolución en relación a la RCA?

R – Efectivamente, la situación en la RCA es preocupante. El ministro de Defensa ha viajado allí y a otros países vecinos. He podido reunirme con la presidenta Samba Panza, que es una mujer admirable. Estos últimos días se han producido algunos cambios. El secretario general de Naciones Unidas nos ha lanzado un llamamiento. También se ha reunido un Consejo de Defensa esta mañana. Ha permitido definir la postura de Francia ante estos acontecimientos. El presidente de la República ha tomado algunas decisiones.

P – En cuanto a la RCA, según Amnistía Internacional y el enviado de la ONU, las fuerzas francesas y africanas que están in situ no bastan. ¿Se espera ahora que vengan las fuerzas europeas como refuerzo o se espera mejorar la situación?

R – Francia fue la primera, hace ya unos meses, en llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en la República Centroafricana. Pedimos a Naciones Unidas que tomara las decisiones necesarias para que pudiera haber una intervención. El día después de que se emitiera la autorización, Francia intervino con las fuerzas africanas de la MISCA. Todo el mundo reconoce que si Francia no hubiera intervenido se habría cometido una verdadera masacre en masa. Incluso Naciones Unidas habló de una situación pre-genocidio. Todo el mundo rinde homenaje al trabajo llevado a cabo por los africanos y por Francia con el fin de intervenir.

La situación es muy difícil desde el punto de vista humanitario y también va a haber que preparar la transición democrática. Hemos estado hablando con el secretario general de Naciones Unidas estos últimos días. Ha expresado su deseo de que se haga un esfuerzo adicional. De esta manera, Europa ha decidido intervenir. Se está realizando una labor para generar fuerzas, pidiendo a cada país una valoración de cuántas tropas o qué apoyo puede aportar. Algunos países ya han anunciado contribuciones. Nuestros amigos polacos han anunciado que enviarían 150 hombres. Al final, se habla de una contribución de varios cientos de hombres. Por otra parte se deberá contribuir en lo logístico y material.

En lo que se refiere a la MISCA, las tropas africanas son ya muy numerosas (unos 6000 hombres) pero tienen dificultades de transporte. Se puede hacer un esfuerzo mayor. También hay problemas que solucionar. Los sueldos no se abonan y los países vecinos se han comprometido en algunas cosas. El FMI y el Banco Mundial también pueden intervenir. También está el refuerzo de la BINUCA, la oficina de Naciones Unidas, que se ocupa de todos estos problemas y que debe intensificar su presencia muy rápidamente. También se deben adoptar sanciones, lo que exige la intervención de Naciones Unidas.

El presidente de la República llamó ayer al Sr. Ban Ki Moon. El Consejo restringido de Defensa celebrado esta mañana ha recordado la postura de Francia y lo que resulta necesario para que la situación mejore de manera muy urgente. (…)./.

12- Sangaris: la fuerza se despliega por el país – actualización: 11/02/2014

Desde el 9 de febrero de 2014, la agrupación táctica combinada (GTIA, por sus siglas en francés) «Panthère» de la fuerza Sangaris está totalmente desplegada en el eje que conecta Bangui con el oeste del país. Allí realiza misiones de reconocimiento y seguridad para proteger a la población y apoyar el despliegue de la MISCA en el oeste del país.

Junto a una unidad de la MISCA, la GTIA «Panthère», armada por los paracaidistas del 8º Regimiento de Infantería Paracaidista de Marina (8e RPIMa), ha iniciado el despliegue en el eje que conecta Bangui con la frontera con Camerún. El objetivo de este despliegue es controlar la aplicación de las medidas de confianza y prohibir cualquier tentativa de abuso contra la población. Durante el avance de Bangui a Bossembele (unos 200 km al oeste Bangui), los militares franceses han desmantelado varias barreras mantenidas por individuos que han sido desarmados inmediatamente.

Otro objetivo del despliegue consiste en entrar en contacto con los puestos de policía y gendarmería de la República Centroafricana. Estos últimos, apoyados por la MISCA, contribuirán aportando seguridad a la carretera que conecta Bangui con la frontera de Camerún. Se trata del principal eje por carretera que permite la circulación de mercancía.

Durante una patrulla de reconocimiento en las inmediaciones de la carretera, los soldados franceses han descubierto un almacén con munición abandonado. El lugar ya está bajo vigilancia.

Hay unos 1600 militares franceses desplegados actualmente en la operación Sangaris, junto a los 6000 hommes de la MISCA. La operación Sangaris, lanzada el 5 de diciembre de 2013 por el presidente de la República, tiene por objetivo restablecer una mínima seguridad en la República Centroafricana y facilitar le potenciación de la MISCA y su despliegue operacional.

(Fuente: Ministerio de Defensa)

13- Entrevista al embajador de Francia en la República Centroafricana en el diario «Le Parisien» (París, 5 de febrero de 2014)

P – ¿En dos meses, qué ha cambiado en la República Centroafricana?

R – La seguridad. Cuando llegué, acababan de vivirse tres días de violencia intensa que causó la muerte a cientos de personas. La operación Sangaris y la Misca han permitido restablecer en Bangui un clima cada vez más tranquilo. Sigue habiendo abusos, pero en la capital la vida ha retomado su curso, se ve en el día a día. A principios de diciembre no había ni una tienda abierta, no había taxis, ni transporte, ni mercancía circulando. Hoy en Bangui todo se va poniendo en marcha.

P – ¿No subestimó Francia el odio entre comunidades?

R – No, no creo. Sabíamos que la situación era extremadamente grave, por lo que decidimos desplegar una fuerza militar para impedir las masacres a gran escala. Pero es cierto, hoy se está dando un fenómeno preocupante con la población musulmana, que teme represalias y migra. Nuestra misión es protegerla, en especial en el oeste del país, donde es minoritaria. Dos fuerzas actúan de manera distinta. Los Seleka, combatientes que disponen de un armamento bastante sofisticado (fusiles-metralletas, metralletas pesadas, lanzaproyectiles). Y los antibalakas (milicias cristianas), más diseminados, que poseen armas blancas y armas de fuego rudimentarias. Y ahora también nos enfrentamos a grupos de saqueadores, bandidos que se aprovechan de la situación.

P – Sigue habiendo decenas de muertos cada día…

R – En Bangui está volviendo la actividad. Los proyectos de desarrollo económico van a lanzarse en las próximas semanas. La violencia cada vez está más limitada y circunscrita a algunos barrios.

P – ¿Se descarta el riesgo de genocidio?

R – El riesgo de que se produzcan enfrentamientos entre las comunidades sigue ahí. Pero hacemos todo lo posible para que remita.

P – ¿Francia ha renunciado definitivamente a enviar refuerzos militares?

R – Como dijo Laurent Fabius, no está previsto el envío de refuerzos. Pero Francia milita por una operación de mantenimiento de la paz […] que controle las operaciones en curso y permita el despliegue de policías. Pero no sólo está el aspecto militar. Vamos a ayudar a la nueva presidenta, Catherine Samba-Panza, a conseguir que el Estado vuelva a funcionar, en distintos ámbitos, ya sea en el agrícola, el sanitario, el educativo, porque la mitad de los niños llevan dos años sin ir a la escuela.

P – De forma muy concreta, ¿qué forma adoptará dicha ayuda?

R – Vamos a traer a Bangui asistentes técnicos, unos veinte en el caso de Francia, y muchos más con los socios de la Unión Europea y Naciones Unidas. Respaldarán a los ministros y aconsejarán a las autoridades en la aplicación de sus programas. También habrá una ayuda financiera.

P – ¿Quién tiene las minas de diamante y cuándo podrá el Estado centroafricano beneficiarse de ese recurso?

R – Actualmente, los diamantes centroafricanos, que se encuentran en el Noroeste y en el Suroeste, están siendo explotados clandestinamente y exportados ilegalmente para beneficio de los ex Seleka. Con dos consecuencias: alimenta el tráfico internacional de diamantes y el Estado centroafricano no tiene ingresos fiscales relacionados con dicha explotación. Hay que volver a poner en pie un sistema de explotación del diamante con empresas autorizadas. Catherine Samba-Panza ha nombrado a un especialista en la cuestión dentro del Ministerio de Minas. El sector minero relacionado con el diamante, y también con el oro, podrá entonces volver a existir normalmente desde el punto de vista económico y legal./.

14- Adopción de la Resolución 2134 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: declaración de Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores (París, 28 de enero de 2014)

Francia celebra que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya adoptado por unanimidad la resolución 2134 sobre la República Centroafricana.

La oficina civil de Naciones Unidas (BINUCA) obtiene la autoridad y los medios para apoyar al Gobierno de la transición en una rápida organización de elecciones.

La resolución 2134 también autoriza el despliegue de la fuerza de la Unión Europea, en apoyo de la fuerza africana MISCA.

Por último, establece un régimen de sanciones individuales a individuos que pudieran obstaculizar el proceso de transición y los esfuerzos de la comunidad internacional para restablecer la estabilidad en la RCA.

15- Declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores (París, 27 de enero de 2014)

P – Buenos días, ¿tiene Francia planeado, al igual que Estados Unidos, aplicar sanciones específicas en contra de los responsables de actos de violencia en la República Centroafricana?)

R – Por iniciativa de Francia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberá adoptar mañana un proyecto de resolución que prevé el establecimiento de un régimen de sanciones.

Dichas sanciones van dirigidas a individuos que menoscaban la paz, la estabilidad y que dificulten el proceso de transición política en la República Centroafricana, alimentando la violencia, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario o participando en el saqueo de los recursos del país.

El Consejo de Seguridad mandará un mensaje muy firme a las personas que entorpezcan los esfuerzos conjuntos de la Unión Africana, Naciones Unidas y la Unión Europea para restablecer la estabilidad en la República Centroafricana.

Francia también insiste en que la fijación de sanciones complementa los procesos judiciales en contra de autores de violaciones de los derechos humanos. Todos aquellos que cometan abusos deberán responder por sus actos. La lucha contra la impunidad es un elemento fundamental de la reconciliación./.

16- Declaraciones de François Hollande, presidente de la República (París, 23 de enero de 2014)

Señoras señores, esta tarde he recibido al arzobispo de Bangui, a monseñor Nzapalainga, y al presidente de la comunidad islámica de la República Centroafricana, el imán Kobine Lamaya.

El 10 de diciembre ya estuvimos juntos, pero en Bangui, coincidiendo con un viaje muy breve que realicé. Fue un día especialmente sombrío, puesto que dos soldados franceses acababan de morir. Me acuerdo de nuestra entrevista en el aeropuerto, donde ya lanzamos un mensaje tranquilizador y de apoyo al pueblo centroafricano, que lleva demasiado tiempo sufriendo.

Nos vemos hoy, estamos a 23 de enero, es el día de la investidura de la nueva presidenta de la República Centroafricana. También es una señal de esperanza. Esperanza de que va a poder lanzarse la reconciliación, de que va a poder restablecerse progresivamente la seguridad y de que se va a proteger a la población del drama del hambre o, peor aún, de los abusos. Para participar en esta lucha por la dignidad humana, Francia decidió intervenir en la República Centroafricana el 5 de diciembre, en el marco de un mandato del Consejo de Seguridad y con las fuerzas africanas que podían estar disponibles en aquel momento.

Debo decir que si Francia no hubiera ido a la República Centroafricana en ese momento, cientos, por no decir miles de centroafricanos más habrían sido asesinados, y cuántas mujeres habrían sido violadas, cuántos niños arrastrados en enfrentamientos.

Aun así, todavía hay mucho que hacer, porque no pasa un sólo día sin que se descubra, debido a las armas que circulan, que se asesina a mujeres u hombres sencillamente por ser cristianos o musulmanes, porque se les atribuye una preferencia por un bando u otro.

Esta es la razón por la que las autoridades religiosas han deseado no sólo lanzar un llamamiento, formulado en varias ocasiones, sino hacer una gira por Europa para convencer de que se movilicen a países que, a día de hoy, no conocen la realidad y la gravedad de la situación en la República Centroafricana. También gracias a estas autoridades a las que deseo darles las gracias ha sido posible que Europa tomara una decisión tan importante: no sólo la de enviar soldados para participar en la seguridad de algunos lugares, sino la de destinar una ayuda humanitaria que representa 365 millones de euros.

A día de hoy el reto es doble. Es conveniente incrementar aún más la presencia de las fuerzas africanas junto a la operación Sangaris: 1600 hombres de Francia, ya 5000 de los africanos. Los contingentes de la MISCA deben estar más dotados, hay que hacer que la ayuda europea llegue y acabar transformando la operación en lo que llamamos una fuerza de mantenimiento de la paz.

Éste es el objetivo. Para ello será necesaria la colaboración de todos. Lo he dicho ya, la de los propios africanos, que deben garantizar la seguridad de la República Centroafricana, la de Francia, que está dispuesta a ello, puesto que ya está allí y fue la primera. Para ella es un honor, un orgullo, pero también una responsabilidad proseguir la operación iniciada, que da resultados, al igual que la de los propios centroafricanos, a través de la reconstitución de un Estado, de una autoridad. Es lo que le espera ahora a la presidenta de la República Centroafricana y al Gobierno que constituirá.

Por último, están las autoridades espirituales, las que pueden llamar a la armonía, a la reconciliación, a la comprensión. Autoridades que también pueden participar en la correcta ejecución de la ayuda humanitaria, hemos hablado de ellos, para las escuelas, los hospitales, y pensamos que las autoridades religiosas son a la vez un símbolo y un apoyo excepcional. Motivo por el que no quería dejar de recibir al arzobispo y al imán de Bangui.

Señoras y señores, quiero, una vez más, dirigiéndome a las autoridades religiosas de la República Centroafricana, decirles que ha sido bueno que el imán dijera que los protestantes también están aquí, en París, en espíritu, reiterarles el apoyo de Francia y manifestarles nuestra confianza en lo que se pueda hacer por la reconciliación en la República Centroafricana.

Para aquellas y aquellos que no sabían por qué acudimos a la República Centroafricana, creo que ahora ya saben el porqué. Gracias./.

(Fuente: página web de la Presidencia de la República)

17- Entrevista a Yamina Benguigui, ministra delegada encargada de la Francofonía, en «RFI» (París, 23 de enero de 2014)

P – Una mujer al frente de la República Centroafricana. Todo el mundo celebra su elección, pero ¿dará la talla a la hora de hacer frente a los inmensos desafíos de la transición?

R – En cualquier caso, tiene agallas para ello. Es una mujer excepcional. Ayer hablé con ella por teléfono, alcaldesa de Bangui, empresaria. En primer lugar, es una señal fuerte que sea mujer, enseguida supo cómo hablar a los cristianos y a los musulmanes. En Bangui hubo alborozo, se adivinan las premisas de algo luminoso. Era realmente apocalíptico. Su llegada, su elección ha hecho que trascendiera de una sola vez la cuestión religiosa. Apareció como una madre que hablaba a sus hijos, tanto a los musulmanes como a los cristianos. Puede que esto inaugure cosas muy positivas para un país que ha sufrido mucho.

P – Como una buena noticia nunca viene sola en el caso de la República Centroafricana, Europa ha prometido cerca de 400 millones y de aquí a dos meses van a enviarse unos 500 soldados de la Unión Europea a Bangui. 500 hombres más para un país del tamaño de Francia y Bélgica juntas. ¿Será suficiente?

R – Nada será suficiente porque ya no hay Estado, hay un pueblo desheredado y siguen quedando ex Selekas. Evidentemente, Francia está presente bajo el mandato de la ONU, ya tiene a 1600 hombres, también está la fuerza africana, que es de 4000 hombres y que contará con cerca de 6000. Una ayuda de 500 hombres y esta nueva presidenta de transición, nada es suficiente, pero vamos por buen camino.

(…)./.

18- Participación del ministro Laurent Fabius en la toma de posesión de la Señora Catherine Samba Panza (23 de enero de 2014)

El Ministro de Asuntos Exteriores, señor Laurent Fabius, viajará el día de mañana a Bangui para asistir a la toma de posesión de la señora Catherin Samba Panza, electa el 20 de enero como jefe de Estado la transición por el Consejo nacional de transición centroafricano.
Con tal motivo, discutirá con la señora Samba Panza acerca de la situación en República centroafricana, unos cuantos días luego de la reunión internacional celebrada en Bruselas que permitió movilizar casi 500 millones de dólares para responder a las necesidades humanitarias en el país.

Junto con todos sus colegas internacionales, en especial los Estados de la región y la Unión Africana, Francia se mantiene acompañando a las autoridades de transición centroafricanas, y apoyará sus esfuerzos en favor de la estabilización de República centroafricana, la reconciliación nacional y la celebración de elecciones libres, justas y transparentes lo más rápidamente posible.

19- Elección de Catherine Samba-Panza – Comunicado de la Presidencia de la República (París, 20 de enero de 2014)

El presidente de la República, François Hollande, felicita a Catherine Samba-Panza por su elección, por parte del Consejo Nacional de Transición de la República Centroafricana, como jefa del Estado de la transición. A partir de ahora le corresponde llevar a cabo la reconciliación y el apaciguamiento necesarios en la RCA, con vistas a la celebración de elecciones democráticas.

Francia permanece a su lado en esta difícil tarea.

20- Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores, participó en el Consejo de Asutos Exteriores de la Unión Europea (Bruselas, 20 de enero de 2014)

El Consejo aprobó el principio de una operación militar de la Unión Europea en República centroafricana. Esta operación militar se encargará, por un periodo entre 4 y 6 meses, de las misiones en Banguí como la seguridad del aeropuerto, el apoyo a la fuerza africana y la operación Sangaris. Nuestros colegas europeos anunciarán próximamente las modalidades de su contribución en esta fuerza que ilustra el compromiso de la Unión Europea para lograr una salida a la crisis

21- Declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores: Movilización de la comunidad internacional para mejorar la situación humanitaria (París, 20 de enero de 2014)

Francia se felicita por el compromiso contraído por la comunidad internacional el día de hoy en Bruselas consistente en movilizar 496 millones de dólares para la asistencia humanitaria y la estabilización en la República Centroafricana. Pascal Canfin, ministro delegado encargado de Desarrollo, confirmó que Francia participará plenamente en este esfuerzo, y anunció una contribución de 35 millones de euros.

Para responder a las necesidades esenciales del pueblo centroafricano, de unos 550 millones de dólares según la estimación de la ONU, es necesario que la movilización de los donantes internacionales prosiga, en particular, en la perspectiva de la conferencia que organizará la Unión Africana el próximo 1 de febrero en Adís Abeba.

22- Declaraciones del portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores: Ginebra – Sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en la República Centroafricana (París, 20 de enero de 2014)

Francia celebra la celebración, el día de hoy, de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en la República Centroafricana a petición de más de cien Estados.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos, adoptada por consenso, permite mantener la movilización de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en la RCA. Una experta independiente en derechos humanos, Marie-Thérèse Keita-Bocoum, ha sido nombrada para tal fin. Su misión consistirá en apoyar a las autoridades de transición en el fortalecimiento de los derechos humanos y rendir cuenta de la evolución de la situación ante el Consejo.

Francia reitera que todos los autores de violaciones de los derechos humanos deberán responder por sus actos ante la justicia./.

23- Tribuna conjunta de Pascal Canfin, ministro delegado encargado de Desarrollo, y Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, en el diario «La Croix» (París, 19 de enero de 2014)

Ayudar a la República Centroafricana

La intervención en la República Centroafricana, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y llevada a cabo por la Unión Africana con el respaldo de Francia, ha permitido evitar lo peor. Desde verano de 2013, la violencia interconfesional, desconocida hasta ese momento en el país, no había hecho más que ir a peor. La víspera de la intervención militar, en unas horas, cerca de 300 personas perdieron la vida en Bangui. Aunque la situación de seguridad sigue siendo frágil y volátil, el principio del desarme de los combatientes contribuirá a restablecer la seguridad. Pero la crisis política y de seguridad provoca una crisis humanitaria dramática que lleva afectando varios meses a la República Centroafricana.

Hoy, huyendo de la violencia, uno de cada dos habitantes de Bangui ha abandonado su domicilio y se halla sin recursos. Las escuelas llevan cerradas varios meses, los enfermos ya no tienen acceso a los tratamientos. Por primera vez en su historia, la República Centroafricana podría ser víctima de una crisis alimentaria grave, ahora que la violencia y el miedo han provocado una desestabilización de la producción agrícola. Un millón y medio de personas está ya en situación de inseguridad alimentaria.

En el ámbito administrativo y financiero, el país se ha desangrado, ya no se paga a los funcionarios y hace un año que no se garantizan los servicios públicos básicos. Naciones Unidas ha elevado la importancia de esta crisis humanitaria, la más grave que ha atravesado el país, al mayor nivel de emergencia, a imagen de Siria o Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. Esta catástrofe humanitaria exige una reacción fuerte y coordinada por parte de la comunidad internacional.

Hoy, 20 de enero, se celebrará en Bruselas una gran reunión de movilización del conjunto de la comunidad humanitaria, ONG, Naciones Unidas y donantes. Francia y la Unión Europea están plenamente movilizadas junto a la ONU, como sucedió en el caso de Mali, para que la conferencia dé a la comunidad internacional los medios para actuar durante los próximos 12 a 24 meses.

Esta movilización, que continuará el 1 de febrero en la cumbre de la Unión Africana en Etiopía, es fundamental para dar respuesta a las necesidades vitales de la población: asistencia alimentaria, acceso al agua y al saneamiento, atención sanitaria, protección de los desplazados y los refugiados, con especial atención a los niños soldado enrolados en los combates recientes y que deben poder recuperar cuanto antes una vida normal junto a sus familias. También hay que volver a poner en marcha los servicios públicos sanitarios y educativos y de forma más general, los servicios sociales básicos que funcionaban antes de la crisis; y aportar la semilla que permita que la próxima temporada agrícola, que arrancará el próximo mes de marzo, se desarrolle con éxito.

La reunión del 20 de enero debe estar a la altura del reto. Ésta es la señal que, juntos, debemos mandar a los habitantes de la República Centroafricana. Porque la respuesta humanitaria es la expresión de la solidaridad internacional para con el pueblo centroafricano, una solidaridad que también debe manifestarse en la prosecución de los esfuerzos de estabilización del país.
Sin seguridad no hay desarrollo posible. Pero sin desarrollo, no hay seguridad duradera. La comunidad internacional tiene el deber de no faltar a esta cita.

24- Leer las declaraciones anteriores (2013)


25- Enlaces de interés

- Más información en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores

- Embajada de Francia en República Centroafricana (en francés)

- Representación permanente de Francia en las Naciones Unidas en Nueva York

- Ministerio de Defensa – Operación Sangaris (en francés)

Los programas “PLUS ULTRA” y “COOPERA” han sido puestos en marcha por la Guardia Civil para fomentar la colaboración con la seguridad privada está dirigido a directores de los departamentos de seguridad y jefes de seguridad de compañías que estan internacionalizadas. Julian Flores Garcia Director de Seguridad SocioCeo Segurpricat .

La Guardia Civil imparte un curso de autoprotección para personal de empresas españolas que trabajan en el extranjero

• Entre las materias a desarrollar destacan las de riesgos contra la seguridad personal, medidas de actuación ante secuestros, gestión del estrés ante situaciones de riesgo, seguridad en desplazamientos y teóricas de explosivos

Entrenamiento en defensa personal a miembros de la Guardia Civil.
Entrenamiento en defensa personal a miembros de la Guardia Civil.

MADRID.- La Guardia Civil imparte un curso de formación sobre seguridad en ambientes hostiles, para personal de empresas españolas implantadas en el extranjero. Este curso de formación está dirigido a directores de los departamentos de seguridad y jefes de seguridad de compañías adheridas a los programas  “PLUS ULTRA” y “COOPERA”, puestos en marcha por la Guardia Civil para fomentar la colaboración con la seguridad privada.

 

Estas jornadas están siendo impartidas durante esta semana por el Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil con sede en Logroño (La Rioja).

 

En este curso pionero participan 15 grandes empresas españolas con personal destinado en el extranjero y está orientado a asesorar a los miembros de estas empresas en materias tales como riesgos contra la seguridad personal, medidas de actuación ante secuestros, gestión del estrés ante situaciones de riesgo, seguridad en desplazamientos, procedimientos sanitarios, teóricas de explosivos  y manejo de planimetría.

 

También se realizan prácticas de autoprotección en desplazamientos personales, de conducción de seguridad en turismos y vehículos 4×4 e iniciación al manejo de armas.

 

Programas “Plus Ultra” y “Coopera”

 

Desde 2006 a través del programa Coopera se había establecido el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de seguridad privada que actúan en su ámbito de competencias, con vistas a integrar sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global.

 

Mediante este programa se establecieron una serie de redes de comunicación y protocolos de cooperación entre la Guardia Civil y la seguridad privada en nuestro país.

 

En el mes de noviembre del pasado año la Guardia Civil puso en marcha el programa “Plus Ultra” con el que se pretende mejorar la seguridad interna de las empresas españolas que se establezcan o abran líneas de negocio en el extranjero. Para ello se puso a disposición de las mismas los recursos con que la Guardia Civil cuenta en 42 países de 4 continentes y la notable red de contactos con otros cuerpos de seguridad y organizaciones policiales internacionales.

 

A través de este programa a las empresas adheridas se les facilitará la información de la que se disponga lo cual las ayudará a elaborar sus propios planes de análisis de riesgo y alertas necesarias para contribuir a la seguridad de su personal e infraestructuras en el extranjero.

 

El pasado mes de febrero el Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró la jornada “Aspectos prácticos sobre la seguridad de las empresas españolas en el exterior”, organizada por la Guardia Civil y la CEOE Internacional, en la que se trataron temas como la seguridad internacional, la ciberseguridad y el propio Proyecto Plus Ultra.

En esa ocasión Fernández de Mesa recalcó la importancia de la colaboración público-privada para la Estrategia Nacional de Seguridad y se refirió al Programa COOPERA y al Proyecto PLUS ULTRA en el sentido de que con ellos se pretende promover sinergias entre los sectores públicos y privados, a lo que añadió que la Guardia Civil va a apoyar sin reservas a las empresas españolas, tanto dentro como en sus intereses en el exterior.

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segurpricat

vía La Guardia Civil imparte un curso de formación sobre seguridad en ambientes hostiles, para personal de empresas españolas implantadas en el extranjero En el mes de noviembre del pasado año la Guardia Civil puso en marcha el programa “Plus Ultra” con el que se pretende mejorar la seguridad interna de las empresas españolas que se establezcan o abran líneas de negocio en el extranjero.

Descargar PDF completo: BOE-A-2014-3649 –La nueva Ley de seguridad Privada 2014

julian flores

garcia

Siseguridad.es

 

 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

  • Publicado en: «BOE» núm. 83, de 5 de abril de 2014, páginas 28975 a 29024 (50 págs.)
  • Sección: I. Disposiciones generales
  • Departamento: Jefatura del Estado
  • Referencia: BOE-A-2014-3649

Descargar PDF completo: BOE-A-2014-3649 – Ley de seguridad Privada 2014

 

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.

Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.

No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad.

En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.

La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la configuración de aquéllos como un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido amplio.

II

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de orientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavía incipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptación de la sociedad española.

Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, ha supuesto un gran avance para la evolución de la seguridad privada en España, e incluso ha constituido un modelo para procesos normativos análogos en otros Estados de la Unión Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que dé solución a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria de servicios española que tanto ha contribuido a la seguridad.

En efecto, la regulación del año 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido mantener su vigencia hasta el momento actual.

Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado, fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.

Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión a tener en cuenta tanto en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no podía contemplar.

Pasados veinte años desde su promulgación, ante un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del año 1992, es necesario aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos décadas pasadas.

Este fenómeno de insuficiencia de regulación se da aún más, si cabe, con las actividades de investigación privada y los detectives privados, cuya inserción tangencial en la Ley 23/1992, de 30 de julio, vino a abundar en el problema expuesto. En efecto son muy escasas las prevenciones sobre dichas actividades y personal no sólo en sede legal, sino también reglamentaria, por lo cual esta ley afronta de manera decidida y completa, en lo que le corresponde, la definición de su contenido, perfiles, limitaciones y características de quienes, convenientemente formados y habilitados, la desarrollan. De esta manera la regulación de las actividades y el personal de investigación privada pasa a constituir uno de los elementos fundamentales de la nueva ley, abandonando la presencia colateral que tiene en la vigente normativa.

III

Al contrario de la anterior regulación, la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

En consecuencia, es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira el preámbulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público.

Es por eso que la nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.

Se aborda, así, una reforma en profundidad de la regulación legal hasta ahora vigente que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada, se realiza una adecuación de la normativa que permita su adaptación y dé respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública.

En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigación privada. En este punto, el legislador, como en las restantes actividades contempladas en la ley, tiene que hacer compatible ese enfoque positivo con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artículo 18 de la Constitución.

IV

Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un fenómeno de mayor calado, pues a las comunidades autónomas con competencia estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas cuyos nuevos estatutos de autonomía reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos con sujeción a lo que el Estado regule de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.

Así, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situación y contemplar el fenómeno de una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles competenciales en función de las previsiones estatutarias.

Para que la actuación de las distintas administraciones públicas sea coherente con el mantenimiento de la armonía del sistema, es fundamental incidir en los principios de coordinación y cooperación interadministrativa.

Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las comunidades autónomas.

V

Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de sistematicidad normativa a lo largo de sus siete títulos, con un desglose de materias que abarcan desde lo más general hasta lo más específico.

Así, en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica.

En esta línea, por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.

Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.

Además, se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.

La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Igualmente, en la línea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afección a esta última, y mediatamente a la seguridad pública, no es directa.

También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.

En el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información siempre con todas las garantías legales, y la apuesta decidida por unos órganos de encuentro que han de ser mucho más proactivos que hasta el momento.

En el título II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.

Además, se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.

En línea con el favorecimiento de la actividad económica, la ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.

En el título III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan sólo se ocupaba de las funciones de los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.

La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.

Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no contienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento de sistemas), o no contienen regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

En este título resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

En el título V se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

En el título VI se da solución a algunas de las principales carencias de la anterior legislación referidas al régimen sancionador. Así, se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.

Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la graduación de las infracciones y a los criterios para determinar la imposición de las correspondientes sanciones, con el objetivo básico de garantizar la mayor individualización de aquéllas.

Por último, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para garantizar una transición correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de julio, a la nueva legislación, sobre todo hasta que ésta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta ley se entiende por:

1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.

2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.

3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.

4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.

5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos.

6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.

8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.

9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.

10. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.

11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.

12. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.

13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma técnica al efecto.

14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito.

2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los servicios de seguridad privada, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, a los operadores de seguridad, a los profesores de centros de formación, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática, a las centrales receptoras de alarmas de uso propio y a los centros de formación de personal de seguridad privada.

3. El régimen sancionador y las medidas provisionales, así como el ejercicio de las facultades de inspección, serán también aplicables a aquellas empresas y personal que presten servicios o ejerzan funciones de seguridad privada sin estar autorizadas o haber presentado declaración responsable, o sin estar habilitados o acreditados para el ejercicio legal de los mismos.

Artículo 4. Fines.

La seguridad privada tiene como fines:

a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.

b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.

c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.

g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) del apartado anterior.

3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.

Artículo 6. Actividades compatibles.

1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades:

a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.

b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.

c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.

d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.

2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y funciones:

a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.

b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio.

c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.

d) Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar su conservación y funcionamiento.

Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.

3. El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.

5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.

6. A las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a las actividades de seguridad informática, entendida como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aquéllos prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, se les podrán imponer reglamentariamente requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que presten.

Artículo 7. Actividades excluidas.

1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Cuando los interesados tengan el carácter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada.

2. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.

Artículo 8. Principios rectores.

1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades.

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aquéllas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.

4. Las empresas, los despachos y el personal de seguridad privada:

a) No podrán intervenir ni interferir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales.

b) No podrán ejercer ningún tipo de control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni proceder al tratamiento, automatizado o no, de datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión o creencias.

c) Tendrán prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier información que conozcan en el desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con éstos, así como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad o investigación estuvieran encargados.

5. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del órgano autonómico competente prohibirá la utilización en los servicios de seguridad privada de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

6. Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente.

Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios.

1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.

3. La comunicación de contratos de servicios de investigación privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, excluidos los de carácter personal.

Artículo 10. Prohibiciones.

1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes:

a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional.

c) La prestación de servicios de seguridad privada incumpliendo los requisitos o condiciones legales de prestación de los mismos.

d) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medios o medidas de seguridad no homologadas cuando sea preceptivo, o de medidas o medios personales, materiales o técnicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, o cuando incumplan las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, relacionado con dichos delitos.

3. Las empresas de seguridad no podrán realizar los servicios de investigación privada propios de los despachos de detectives privados, y éstos no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada.

Artículo 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.

1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, el personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas.

Igualmente, se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un ámbito territorial distinto al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

2. En los registros de las comunidades autónomas, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

Igualmente, se inscribirán en dichos registros las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial propio de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

3. En el referido Registro Nacional, además de la información correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia en la materia.

A tales efectos, los órganos competentes de las mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así como sus modificaciones y cancelaciones.

4. En los mencionados registros, nacional y autonómicos, se anotarán también los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración y reciprocidad necesarios para permitir su interconexión e interoperabilidad, la determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.

6. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales estén autorizadas o hayan presentado la declaración responsable las empresas de seguridad privada, despachos de detectives, centros de formación del personal de seguridad privada y centrales de alarmas de uso propio.

7. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas

Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:

a) La autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas.

b) La recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, así como su inspección y sanción, cuando el ejercicio de estas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

c) La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, y la determinación del armamento, documentación, uniformidad, distintivos y medios de defensa de dicho personal, así como la acreditación, en todo caso, de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad y de los operadores de seguridad.

d) La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos específicos de formación del personal de seguridad privada que no sean de la competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social.

e) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas, así como la acreditación, en todo caso, de su profesorado.

f) La autorización, inspección y sanción de los servicios de protección personal, cuando no sea competencia de las comunidades autónomas, y de aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las empresas y el personal de seguridad privada.

g) La autorización de los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que se presten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada, así como la inspección y sanción de estos servicios en aquella parte de los mismos que se realice fuera del territorio de dichas comunidades autónomas.

h) La determinación reglamentaria de las características técnicas y de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad privada.

i) La determinación reglamentaria de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, así como la fijación del tipo y alcance de las medidas obligatorias que ha de cumplir cada tipo de establecimiento.

j) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios que estén obligados a adoptar medidas de seguridad, cuando el ejercicio de esas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

k) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Corresponde a la Dirección General de la Policía el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones.

b) Corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil el ejercicio de sus competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada, así como el control de los guardas rurales y sus especialidades. Sin afectar a las competencias que corresponden a la Dirección General de la Policía podrá participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada, que preste servicios en su ámbito de competencias.

Artículo 13. Competencias de las comunidades autónomas.

1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:

a) La autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La autorización de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma cuando requieran de la misma o de control previo.

c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que realicen su actividad en la comunidad autónoma.

d) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.

e) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en la comunidad autónoma con los de la policía autonómica y las policías locales.

f) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad autónoma que estén obligados a adoptar medidas de seguridad.

2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:

a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior.

TÍTULO I

Coordinación

Artículo 14. Colaboración profesional.

1. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de legalidad y se basará exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.

2. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran datos de carácter personal sólo podrán facilitarse en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales.

Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

2. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de esta ley se someterán a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. La comunicación de buena fe de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por las entidades y el personal de seguridad privada no constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

Artículo 16. Coordinación y participación.

1. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se constituirán comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, con el carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.

3. En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir órganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se determine.

TÍTULO II

Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados

CAPÍTULO I

Empresas de seguridad privada

Artículo 17. Desarrollo de actividades.

1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.

2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.

3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada.

Artículo 18. Autorización administrativa.

1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1.f).

3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.

Artículo 19. Requisitos generales.

1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, que se limitará a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.

g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.

3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1.a), f) y g), podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.2 y 3.

4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.

5. A los efectos previstos en el apartado 1.e) y f), de este artículo se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de avales o seguros de caución.

6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad privada y su ámbito de actuación limitado a dicho territorio, en el registro autonómico correspondiente, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.

8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la extinción de la autorización o al cierre de la empresa, en el caso de presentación de declaración responsable, y, en ambos casos, a la cancelación de oficio de la inscripción de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.

Artículo 20. Inscripción registral.

1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.

2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 21. Obligaciones generales.

1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida o en la declaración responsable que hayan presentado.

b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito territorial de actuación, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variación que sobrevenga en la composición de los órganos de administración, gestión, representación y dirección de las empresas.

Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o autonómico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.

d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados.

e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.

Artículo 22. Representantes legales.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.

2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.

3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada serán responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.

Artículo 23. Consideración de sector específico.

1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relación con lo establecido en el artículo 21.1.c).

4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea.

CAPÍTULO II

Despachos de detectives privados

Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados.

1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1.h).

2. Los despachos de detectives privados se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente, previa presentación de declaración responsable en la forma que reglamentariamente se determine, para lo cual deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener por objeto de su actividad profesional la realización de los servicios de investigación privada a que se refiere el artículo 48.1 y conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta ley en materia de prohibiciones.

b) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro público correspondiente, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19.1.g) y h).

c) Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se llevará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de los informes de investigación.

d) Facilitar una relación nominal de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes del mismo.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de los despachos.

g) Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación profesional.

h) Contar con las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

3. La validez de la declaración responsable necesaria para la apertura de los despachos de detectives y de sus sucursales será indefinida.

4. Los despachos de detectives podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo, en ambos casos, cumplir la totalidad de requisitos y obligaciones previstos en este capítulo para los despachos de detectives.

5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente.

Artículo 25. Obligaciones generales.

1. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente en la forma que reglamentariamente se determine. Dicha obligación subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre despachos.

b) Llevar un libro-registro, con el formato que reglamentariamente se determine, en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado.

c) Informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado, con entrega, en su caso, del informe de investigación elaborado.

d) Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relación con su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo.

e) Acudir, cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, y facilitar las informaciones de que tuvieren conocimiento en relación con las investigaciones que tales organismos se encontraran llevando a cabo.

f) Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus informes de investigación hayan sido aportados, para la prestación de testimonio y ratificación, en su caso, del contenido de los referidos informes de investigación.

g) Asegurar el archivo y conservación de la documentación relativa a su ejercicio profesional, especialmente de los contratos, informes, libros y material de imagen y sonido obtenido.

h) Comunicar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente todo cambio que afecte a su forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.

i) Presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, una memoria anual de actividades del año precedente, con la información que se determine reglamentariamente, que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

j) Depositar, en caso de cierre del despacho por cualquier causa, la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente.

2. Los titulares de despachos de detectives responderán civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives privados dependientes o asociados.

TÍTULO III

Personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada.

1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad.

Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

3. Para la prestación de servicios en infraestructuras críticas y en aquéllos que tengan el carácter de esenciales para la comunidad, así como en aquéllos otros que excepcionalmente lo requieran en función de sus características específicas, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal de seguridad privada encargado de su realización.

4. Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la exclusión de los requisitos de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada.

5. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente.

Artículo 27. Habilitación profesional.

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá la tarjeta de identidad profesional, que incluirá todas las habilitaciones de las que el titular disponga.

La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones profesionales.

3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.

4. El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente las funciones para los que se encuentre habilitado.

5. Reglamentariamente se determinará el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Artículo 28. Requisitos generales.

1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir, los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.

b) Ser mayor de edad.

c) Poseer la capacidadfísica y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones.

d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el artículo 29.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.

i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal de seguridad privada habrá de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos que reglamentariamente se determinen en atención a las funciones que haya de desempeñar.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional.

4. Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada, los funcionarios públicos en activo y demás personal al servicio de cualquiera de las administraciones públicas, excepto cuando desempeñen la función de director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de servicio activo, siempre que en los dos años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios.

5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

d) Los previstos en los párrafos b), e), f), g) y h) del apartado 1.

6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio en España de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 29. Formación.

1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:

a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada que haya presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

b) Para los jefes y directores de seguridad, en la obtención bien de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.

c) Para los detectives privados, en la obtención bien de un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.

2. Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en la forma que reglamentariamente se establezca, el grado y experiencia profesionales que acrediten su cualificación para el desempeño de las diferentes funciones de seguridad privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

3. En relación con lo dispuesto en el apartado 1, la formación previa del personal comprendido en su párrafo a) que no posea la titulación correspondiente de formación profesional, o los certificados de profesionalidad, así como su actualización y especialización se llevará a cabo en los centros de formación de seguridad privada que hayan presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. y por profesores acreditados por el citado Ministerio.

4. Los centros de formación del personal de seguridad privada requerirán, para su apertura y funcionamiento, de la presentación de la correspondiente declaración responsable ante el Ministerio del Interior u órgano autonómico competente, debiendo reunir, entre otros que reglamentariamente se establezcan, los siguientes requisitos:

a) Acreditación, por cualquier título, del derecho de uso del inmueble.

b) Licencia municipal correspondiente.

c) Relación de profesores acreditados.

d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines.

5. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios, en materia de seguridad privada en los dos años anteriores.

6. Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de formación y actualización para personal de seguridad privada perteneciente o no a sus plantillas, en los términos previstos en el apartado 4.

7. El Ministerio del Interior elaborará los programas de formación previa y especializada correspondiente al personal de seguridad privada, en cuyo contenido se incluirán materias específicas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación.

Artículo 30. Principios de actuación.

Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:

a) Legalidad.

b) Integridad.

c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.

d) Corrección en el trato con los ciudadanos.

e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.

g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

h) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando.

Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.

Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CAPÍTULO II

Funciones de seguridad privada

Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.

1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

Además, también podrán realizar las funciones de recepción, verificación no personal y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el artículo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.

2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas.

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en empresas de seguridad, la función de protección del almacenamiento, transporte y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios, en relación con explosivos u otros objetos o sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen.

Será aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigilantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestación del servicio.

Artículo 33. Escoltas privados.

1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultare imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona o personas protegidas o a los propios escoltas, debiendo, en tal caso, poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

3. Para el cumplimiento de las indicadas funciones será aplicable a los escoltas privados lo determinado en el artículo 32 y demás preceptos concordantes, relativos a vigilantes de seguridad, salvo lo referente a la uniformidad.

Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.

1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas.

Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la especificidad de que no podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo 32.1.e).

2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el apartado anterior para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial.

3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el apartado 1 para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.

4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Artículo 35. Jefes de seguridad.

1. En el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados, corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto se produzca la inspección y autorización, en su caso, por parte de la Administración.

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.

h) La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la empresa a la que pertenezca, de acuerdo con la normativa de armas y con lo que reglamentariamente se determine.

2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será obligatoria siempre que éstas se dediquen a todas o algunas de las actividades previstas en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 5.1.

En función de la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse la existencia de un jefe de seguridad específico para algunas de dichas actividades de seguridad.

3. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los jefes de seguridad en los términos que reglamentariamente se dispongan.

Artículo 36. Directores de seguridad.

1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.

4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.

5. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente se disponga.

Artículo 37. Detectives privados.

1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas.

2. En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendrán obligados a:

a) Confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos que tuvieren encargados.

b) Asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

c) Ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.

3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.

4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.

TÍTULO IV

Servicios y medidas de seguridad

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.

1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada.

2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad privada.

4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.

5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.

6. Los guardas rurales podrán desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, cuando se trate de servicios de vigilancia y protección de explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.

7. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.

Artículo 39. Forma de prestación.

1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y distintivos no podrán inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán a las características que reglamentariamente se determinen.

2. El personal de seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus especialidades, prestará sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, que no incluirán armas de fuego.

Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo.

3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo se desarrollarán con armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el artículo 40 y los que reglamentariamente se determinen.

Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad sólo se podrán portar estando de servicio, con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine reglamentariamente atendiendo a las especiales características de determinados servicios de seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones en el interior de los inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.

5. El personal de seguridad privada, durante la prestación de los servicios de seguridad privada, portará la tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la documentación correspondiente al arma de fuego.

CAPÍTULO II

Servicios de las empresas de seguridad privada

Artículo 40. Servicios con armas de fuego.

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen:

a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos.

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.

d) Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas.

2. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo, peligrosidad, nocturnidad, zonas rústicas o cinegéticas, u otras de análoga significación, podrá autorizarse la prestación de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego.

Asimismo, podrá autorizarse la prestación de los servicios de verificación personal de alarmas portando armas de fuego, cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto de la protección o a otras circunstancias que incidan en aquélla.

3. El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca lo contrario. Reglamentariamente podrán establecerse excepciones para supuestos determinados.

4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio serán las que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.

b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías.

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes.

2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones:

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso común.

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de estos servicios.

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.

Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada.

2. No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.

3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas, no requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización.

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podrán destinarse a un uso distinto del de su finalidad. Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales.

5. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 43. Servicios de protección personal.

1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad física de personas o grupos de personas determinadas.

2. La prestación de servicios de protección personal se realizará con independencia del lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito o circulación por las vías públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación, o detenciones, salvo en caso de flagrante delito relacionado con el objeto de su protección.

3. La prestación de estos servicios sólo podrá realizarse previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, conforme se disponga reglamentariamente.

Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.

1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan, así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos.

2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.d), estarán a cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán obligatoriamente cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de acuerdo con la normativa específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades competentes en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.

Artículo 45. Servicios de transporte de seguridad.

Los servicios de transporte y distribución de los objetos y sustancias a que se refiere el artículo anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad específicos homologados para el transporte, y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 46. Servicios de instalación y mantenimiento.

1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.

2. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 47. Servicios de gestión de alarmas.

1. Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de operadores de seguridad, consistirán en la recepción, verificación no personal y, en su caso, transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

2. Los servicios de respuesta ante alarmas se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:

a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal de alarma verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central de alarmas.

b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a la verificación personal de la alarma recibida.

c) Facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga.

3. Cuando los servicios se refirieran al análisis y monitorización de eventos de seguridad de la información y las comunicaciones, estarán sujetos a las especificaciones que reglamentariamente se determinen. Las señales de alarma referidas a estos eventos deberán ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del órgano competente, por el propio usuario o por la empresa con la que haya contratado la seguridad.

CAPÍTULO III

Servicios de los despachos de detectives privados

Artículo 48. Servicios de investigación privada.

1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.

c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra.

3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.

4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados.

6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Artículo 49. Informes de investigación.

1. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados del asunto deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.

2. En el informe de investigación únicamente se hará constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada, sin incluir en él referencias, informaciones o datos que hayan podido averiguarse relativos al cliente o al sujeto investigado, en particular los de carácter personal especialmente protegidos, que no resulten necesarios o que no guarden directa relación con dicho objeto y finalidad ni con el interés legítimo alegado para la contratación.

3. Dicho informe estará a disposición del cliente, a quien se entregará, en su caso, al finalizar el servicio, así como a disposición de las autoridades policiales competentes para la inspección, en los términos previstos en el artículo 54.5.

4. Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos, durante tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. En todo caso, el tratamiento de dichas imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, especialmente sobre el bloqueo de datos previsto en la misma.

5. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales, en este último supuesto únicamente para una investigación policial o para un procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.

Artículo 50. Deber de reserva profesional.

1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador se podrá acceder al contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados.

CAPÍTULO IV

Medidas de seguridad privada

Artículo 51. Adopción de medidas.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán dotarse de medidas de seguridad privada dirigidas a la protección de personas y bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.

2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso.

3. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan.

El órgano competente formulará la propuesta teniendo en cuenta, además de su finalidad preventiva de hechos delictivos y de evitación de riesgos, la naturaleza de la actividad, la localización de los establecimientos o instalaciones, la concentración de personas u otras circunstancias que la justifiquen y, previa audiencia del titular u organizador, resolverá motivadamente.

Cuando se considerase necesaria la implantación de dichas medidas en órganos u organismos públicos, el órgano competente formulará la correspondiente propuesta y, previo acuerdo con el órgano administrativo o entidad de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de protección, dictará la resolución procedente.

4. Las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada vinculadas a la operativa de seguridad y los despachos de detectives privados y sus sucursales estarán obligados a adoptar las medidas de seguridad que se establezcan reglamentariamente.

5. La celebración de eventos y la apertura o funcionamiento de establecimientos e instalaciones y de empresas de seguridad y sus delegaciones y despachos de detectives y sus sucursales, mencionados en los apartados 2 y 3, estará condicionada a la efectiva implantación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

6. Los órganos competentes podrán eximir de la implantación de medidas de seguridad obligatorias cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

7. Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y sus delegaciones, así como de los despachos de detectives privados y sus sucursales y los organizadores de eventos, serán responsables de la adopción de las medidas de seguridad que resulten obligatorias en cada caso.

Las empresas de seguridad encargadas de la prestación de las medidas de seguridad que les sean contratadas, serán responsables de su correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir sus empleados o los titulares de los establecimientos, instalaciones u organizadores obligados, si cualquier anomalía en su funcionamiento les fuera imputable.

8. Quedarán sometidos a lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo los usuarios que, sin estar obligados, adopten medidas de seguridad, así como quienes adopten medidas de seguridad adicionales a las obligatorias, respecto de éstas.

Artículo 52. Tipos de medidas.

1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes:

a) De seguridad física, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas.

b) De seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación de cualquier tipo de dispositivos electrónicos.

c) De seguridad informática, cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la información en ellos contenida.

d) De seguridad organizativa, dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas; tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras de similar naturaleza que puedan adoptarse.

e) De seguridad personal, para la prestación de servicios de seguridad regulados en esta ley, distintos de los que constituyen el objeto específico de las anteriores.

2. Las características, elementos y finalidades de las medidas de seguridad de cualquier tipo, quien quiera que los utilice, se regularán reglamentariamente de acuerdo con lo previsto, en cuanto a sus grados y características, en las normas que contienen especificaciones técnicas para una actividad o producto. Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma deberán contar con la evaluación de los organismos de certificación acreditados en el momento de su instalación y tendrán vigencia indefinida, salvo deterioro o instalación de un nuevo sistema, que deberá ser conforme a la homologación que le resulte aplicable.

TÍTULO V

Control administrativo

Artículo 53. Actuaciones de control.

1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos a los que se refieren los artículos 12 y 13.

2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, en los términos del artículo 55.

3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión de una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho delictivo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.

4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada podrá denunciarlas ante las autoridades o funcionarios competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanción correspondientes.

5. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de control se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma.

Artículo 54. Actuaciones de inspección.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes anuales de inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.

2. Al margen de los citados planes de inspección, cuando recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada procederán a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada, los centros de formación, las centrales de alarma de uso propio y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en los informes de investigación y en los libros-registro, en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Las actuaciones de inspección se atendrán a los principios de injerencia mínima y proporcionalidad, y tendrán por finalidad la comprobación del cumplimiento de la legislación aplicable.

5. Cuando las actuaciones de inspección recaigan sobre los servicios de investigación privada se tendrá especial cuidado en su ejecución, extremándose las cautelas en relación con las imágenes, sonidos o datos personales obtenidos que obren en el expediente de investigación. Las actuaciones se limitarán a la comprobación de su existencia, sin entrar en su contenido, salvo que se encuentre relacionado con una investigación judicial o policial o con un expediente sancionador.

6. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán por el Cuerpo Nacional de Policía; por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus especialidades y centros y cursos de formación relativos a este personal; o, por el cuerpo de policía autonómica competente.

7. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspección, extenderá el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracción, se dará cuenta a la autoridad competente.

8. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de inspección se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma.

Artículo 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento.

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes podrán acordar excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, así como de los instrumentos y efectos de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes.

b) La suspensión, junto con la intervención u ocupación de los medios o instrumentos que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando sin las preceptivas garantías y formalidades legales o sin contar con la necesaria autorización o declaración responsable, o cuando puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados por empresas, centrales de alarma de uso propio o despachos de detectives, no autorizados o que no hubieran presentado la declaración responsable, o por personal no habilitado o acreditado para el ejercicio legal de los mismos.

d) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate que los centros que la imparten, no hayan presentado la declaración responsable o el profesorado no tuviera la acreditación correspondiente.

e) La desconexión de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios a la seguridad pública o molestias a terceros. Cuando se trate de establecimientos obligados a contar con esta medida de seguridad, la desconexión se suplirá mediante el establecimiento de un servicio permanente de vigilancia y protección privada.

f) La retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad o de la acreditación al personal acreditado, cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos.

g) La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de quince días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. El órgano competente para ratificar, revocar o modificar las medidas provisionales será el competente para incoar el procedimiento sancionador.

3. La duración de las medidas contempladas en el apartado 1, que deberá ser notificada a los interesados, no podrá exceder de seis meses.

4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes se harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al respecto en la normativa de armas.

TÍTULO VI

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones

Artículo 56. Clasificación y prescripción.

1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.

3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.

4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de alarma de uso propio.

Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable prevista en el artículo 18.1 y 2 para la prestación de los servicios de que se trate.

b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente.

c) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigación hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito y salvo que sean constitutivas de infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

d) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros-registro o el acceso a los informes de investigación privada.

f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación.

g) La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo dispuesto en esta ley.

h) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

i) El incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo 22.3.

j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales.

k) El incumplimiento de las condiciones de prestación de servicios establecidos por la autoridad competente en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6.

l) El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad el artículo 19. 1, 2 y 3, y el artículo 35.2.

m) El incumplimiento de los requisitos que impone a los despachos de detectives el artículo 24. 1 y 2.

n) La falta de transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las mismas, cuando estas conductas no estén justificadas.

ñ) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2, empleando personal no habilitado que utilice armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada.

o) La realización de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un interés legítimo en el asunto.

p) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos.

q) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medidas o de medios personales, materiales o técnicos de forma que se atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, siempre que no constituyan delito.

r) La falta de comunicación por parte de empresas de seguridad informática de las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea preceptivo.

s) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

t) La prestación de actividades ajenas a las de seguridad privada, excepto las compatibles previstas en el artículo 6 de la presente ley.

2. Infracciones graves:

a) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.

b) La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias.

c) La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración responsable para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén autorizados o se haya presentado la declaración responsable, o careciendo de la autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas, o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del servicio.

d) La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada, o de la acreditación del personal acreditado.

e) La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.

f) La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.

g) La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.

h) La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima de un año en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine.

i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución en los términos establecidos en el artículo 19.1.e) y f) y 24.2.e) y f), así como la no presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el artículo 21.1.e), o la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.1.i)

j) La comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.

k) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria o sin haber presentado la declaración responsable ante el órgano competente, cuando sea preceptivo.

l) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal de los órganos de administración, gestión, representación y dirección.

m) La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.

n) La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.

ñ) La carencia o falta de cumplimentación de cualquiera de los libros-registro obligatorios.

o) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal o domicilio.

p) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los representantes legales en el artículo 22.2.

q) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas.

r) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2 empleando personal no habilitado que utilice distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada.

s) El incumplimiento de los requisitos impuestos a las empresas de seguridad informática.

t) La prestación de servicios incumpliendo lo dispuesto en el artículo 19.4.

u) La actuación de vigilantes de seguridad en el exterior de las instalaciones, inmuebles o propiedades de cuya vigilancia o protección estuvieran encargadas las empresas de seguridad privada con motivo de la prestación de servicios de tal naturaleza, fuera de los supuestos legalmente previstos.

v) No depositar la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente, en caso de cierre del despacho de detectives privados.

w) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

x) La publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.

y) La prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.

3. Infracciones leves:

a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.

b) La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.

c) La falta de diligencia en la cumplimentación de los libros-registro obligatorios.

d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.

b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.

c) La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.

d) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

e) La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.

f) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.

g) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

h) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.

i) La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.

j) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.

k) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.

l) La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.

m) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4.

n) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

2. Infracciones graves:

a) La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo conforme a lo dispuesto en el artículo 38.5, o al margen de los despachos de detectives.

c) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

d) El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6.

e) La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.

f) La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b).

g) La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.

h) La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.

i) La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.

j) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.

k) La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.

l) El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.

m) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

n) La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.

3. Infracciones leves:

a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.

b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.

c) La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.

Los usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Muy graves:

a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.

b) La utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

c) El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y condiciones exigidos en la declaración responsable, o impartir cursos sin haberla presentado.

d) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en la realización de las funciones inspectoras de las medidas de seguridad, de los centros de formación y de los establecimientos obligados.

e) La no adecuación de los cursos que se impartan en los centros de formación a lo previsto reglamentariamente en cuanto a su duración, modalidades y contenido.

f) La falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias.

g) La falta de comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la información y las comunicaciones, cuando sea preceptivo.

h) La contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad o la utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación.

i) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

j) La entrada en funcionamiento, sin previa autorización, de centrales receptoras de alarmas de uso propio por parte de entidades públicas o privadas.

k) Obligar a personal habilitado contratado a realizar otras funciones distintas a aquellas para las que fue contratado.

2. Graves:

a) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad obligatorias que tengan instalados.

b) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.

c) La no comunicación al órgano competente de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación.

d) La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros de formación.

e) El anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la seguridad pública o a terceros.

f) La utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación.

g) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

h) El incumplimiento, por parte de los usuarios de seguridad privada, de la obligación de situar al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad, en contra de lo previsto en el artículo 36.2.

3. Leves:

a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o cuando su funcionamiento cause daños o molestias desproporcionados a terceros.

b) El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad que se tengan instalados.

c) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos.

d) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 60. Colaboración reglamentaria.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 61. Sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 30.001 a 600.000 euros.

b) Extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable, que comportará la prohibición de volver a obtenerla o presentarla, respectivamente, por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.

c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 30.000 euros.

b) Suspensión temporal de la autorización o de la declaración responsable por un plazo de entre seis meses y un año.

c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Artículo 62. Sanciones al personal.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 58, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 6.001 a 30.000 euros.

b) Extinción de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 1.001 a 6.000 euros.

b) Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 1.000 euros.

Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 59, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.

b) Cierre del centro de formación, que comportará la prohibición de volver a presentar la declaración responsable para su apertura por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.

c) La clausura, desde seis meses y un día a dos años, de los establecimientos que no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 20.000 euros.

b) Suspensión temporal de la declaración responsable del centro de formación por un plazo de entre seis meses y un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 300 a 3.000 euros.

Artículo 64. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formación o establecimiento contra el que se dicte la resolución sancionadora, y la capacidad económica del infractor.

Artículo 65. Aplicación de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa.

2. La aplicación de sanciones pecuniarias tenderá a evitar que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 66. Competencia sancionadora.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponderá:

a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables.

b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.

c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.

Cuando, en el curso de las inspecciones por parte de la Guardia Civil de los cursos para guardas rurales, impartidos por centros de formación no exclusivos de éstos, se detecten posibles infracciones, la sanción corresponderá al Director General de la Policía.

d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este personal.

e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que se determinen en cada caso.

3. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 67. Decomiso del material.

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Artículo 68. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Artículo 69. Medidas cautelares.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción.

b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias, o la suspensión, en su caso, de la eficacia de las declaraciones responsables.

c) La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada.

También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Las medidas cautelares previstas en los párrafos b) y c) del apartado anterior no podrán tener una duración superior a un año.

Artículo 70. Ejecutoriedad.

1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se haya previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensión temporal y extinción de la eficacia de autorizaciones, habilitaciones o declaraciones responsables y prohibición del ejercicio de la representación legal de las empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días hábiles ni superior a dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Artículo 71. Publicidad de las sanciones.

Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad.

Artículo 72. Multas coercitivas.

1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades competentes relacionadas en el artículo 66 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo.

2. La cuantía de estas multas no excederá de 6.000 euros, pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

3. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse y compatibles con ellas.

Disposición adicional primera. Comercialización de productos.

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un acuerdo de asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se atenderá a los estándares previstos por las entidades de certificación acreditadas que ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y a que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.

Disposición adicional segunda. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.

1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas.

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223.f).

Disposición adicional tercera. Cooperación administrativa.

En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.

Disposición transitoria primera. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno.

2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se entenderán hechas a la nueva categoría de guardas rurales.

Disposición transitoria segunda. Personal de centrales receptoras de alarmas.

Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna acreditación específica.

Disposición transitoria tercera. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad.

Los ingenieros y técnicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el artículo 5.1.f) podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditación específica a la que se refiere el artículo 19.1.c).

Disposición transitoria cuarta. Plazos de adecuación.

1. Las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, los despachos de detectives privados y sus sucursales, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso a la entrada en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos de adecuación, computados a partir de su entrada en vigor:

a) Dos años respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones y de los despachos de detectives privados y sus sucursales.

b) Diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados.

c) Un año para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4.

2. Las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley tendrán una validez indefinida, hasta el final de su vida útil; no obstante, deberán ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte.

3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad física, electrónica e informática que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán cumplir todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria quinta. Actividad de planificación y asesoramiento.

1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas únicamente para la actividad de planificación y asesoramiento contemplada en el artículo 5.1.g) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispondrán de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para solicitar autorización para cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 5.1 de la misma, excepto la contemplada en el párrafo h).

2. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior que, transcurrido dicho plazo, no hubieran solicitado la mencionada autorización, serán dadas de baja de oficio, cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente.

3. En el caso de las empresas de seguridad que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran autorizadas e inscritas para la actividad de planificación y asesoramiento y, además, para cualquier otra contemplada en el artículo 5.1, se cancelará de oficio su inscripción y autorización en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente únicamente respecto a dicha actividad de planificación y asesoramiento.

4. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior dispondrán de un plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, para adecuar los respectivos importes del seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera, así como del aval o seguro de caución, en función de las actividades para las que continúen autorizadas e inscritas en los registros correspondientes.

5. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización e inscripción para desarrollar únicamente la referida actividad de planificación y asesoramiento se darán por terminados, procediéndose al archivo de las actuaciones.

6. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización para desarrollar actividades de seguridad privada entre las que se incluya la referida actividad de planificación y asesoramiento, continuarán su tramitación en relación exclusivamente con el resto de actividades solicitadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta ley.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. Procedimiento administrativo.

En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre procedimiento administrativo.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.

b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.

c) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.

d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad privada y del personal acreditado.

e) El régimen de habilitación y acreditación de dicho personal.

f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones.

2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de abril de 2014.

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